Autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) solicitaron este lunes al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador abrir el proceso judicial contra los autores intelectuales involucrados en la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
“Pedimos esta reapertura porque no tenemos confianza en el primer juicio, nos parece que fue una farsa. Hubo pena pero fue mínima. Pedimos que se juzgue a los autores intelectuales”, expresó el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
UCA pide ante juzgado reabrir caso Jesuitas. "El primer juicio fue una farsa. Hubo pena mínima. Pedimos que se juzgue a los autores intelectuales", dice el padre José María Tojeira.
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— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 27 de noviembre de 2017
Según Tojeira en esta solicitud no están pidiendo que se proceda con los que ya fueron juzgados, sino contra los autores intelectuales, que de acuerdo con el sacerdote han sido encubiertos durante dos juicios.
“Estamos convencidos que la responsabilidad de los asesinatos recae sobre un grupo de militares de alta graduación, fundamentalmente provenientes de “La Tandona”, aseguró Tojeira.
Tojeira junto a Andreu Oliva, rector de la UCA, y Arnau Baulenas, abogado del Idhuca, fueron los encargados de presentar la solicitud.
En julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la Ley de Amnistía, aprobada en 1992, lo que dio pauta para que se abriera o reabrieran juicios por crímenes de guerra.
El abogado Baulenas manifestó que la masacre está catalogada como un crimen de "lesa humanidad" o crimen de guerra, por tanto es "imprescriptible" y no "amnistiable".
De acuerdo con los querellantes, la solicitud se realizó para poder satisfacer dos derechos básicos de las víctimas: Derecho de acceso a la justicia y a La Verdad.
En agosto de 2016, por unanimidad de votos, los 15 magistrados del la CSJ negaron la extradición a España de cuatro militares reclamados por el múltiple crimen, quienes habían sido capturados en febrero.
No obstante, el pleno decidió que el coronel Alfredo Benavides volviera a la situación en la que se encontraba antes de la aprobación de la Ley de Amnistía: una condena de 30 años, dictada dos años antes, actualmente está en prisión.
A finales de mayo de este año, la UCA solicitó al presidente de la República, por medio del Ministerio de Seguridad, la conmutación de la pena de Benavides.
Ante la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía las autoridades de la UCA procedieron a dar insumos para la elaboración de una ley de justicia transicional, la cual facilitaría “una pronta y cumplida” justicia para todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Sin embargo, denunciaron que ya ha pasado casi un año y medio y el Estado no ha mostrado preocupación en avanzar en la creación de la misma, “son pocos los casos que se han llevado a la justicia y no existe ninguna iniciativa concreta”, dijo Tojeira
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