A principios del 2016, la Fiscalía General detectó conversaciones telefónicas entre cabecillas de pandillas en las que hablaban sobre supuestas negociaciones con funcionarios para nueva tregua pandilleril, con el propósito de reducir los homicidios.
“Ahí se advierte que hubo un intento a principios del año pasado, un acercamiento entre las pandillas con personas o por lo menos eso es lo que ellos decían que estaban en conversaciones con algunos funcionarios”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez, al revelar que hubo otro intento de otra tregua entre las pandillas y el gobierno.
“Ellos no mencionaban nombres específicos, estoy hablando lo que decían los pandilleros entre ellos mismos, según las conversaciones telefónicas, y lo raro era que ellos tenían algunas informaciones que posteriormente eran ciertas, como el nombramiento de funcionarios, días antes”, manifestó.
Fiscales y policias le dieron seguimiento a lo que decían los cabecillas a través de las conversaciones telefónicas y hubo hasta seguimiento a varios de los cabecillas de pandillas que estaban en libertad.
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“El día 23 de febrero del año pasado le dimos seguimiento a algunas personas en una iglesia, por ejemplo, donde hubo una reunión entre pandillas y algunas personas que llegaron ahí. Se identificó incluso, un vehículo diplomático que no puedo ahondar más”, aseguró Meléndez.
Esas reuniones se conocieron a través de conversaciones telefónicas entre pandilleros interceptadas por el Centro de Intervención Telefónica de la Fiscalía en el marco de las investigaciones que llevaron a desarmar a la estructura financiera de la mara Salvatrucha (MS) a través de la operación Jaque.
Meléndez aseguró que las conversaciones telefónicas intervenidas revelaron que habían funcionarios, sin revelar nombres, que sostenían reuniones con cabecillas de pandillas, supuestamente para negociar una reducción de los homicidios a cambio de beneficios económicos y carcelarios como ocurrió en la tregua del 2012.
En marzo del 2012 comenzó una tregua pactada entre las pandillas MS y mara 18 de que no se iban a agredir para reducir los crímenes. Este pacto entre esos grupos ilegales tuvieron el respaldo del gobierno de Mauricio Funes y del entonces exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés.
Las pandillas redujeron los crímenes hasta en un 50 por ciento, pero el número de personas desaparecidas aumentó de forma considerable.
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Los más de 30 cabecillas de esos grupos que estaban recluidos en el pena de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz; se beneficiaron al ser trasladados a cárceles con medidas de seguridad.
Funes y Munguía Payés han reiterado de que el Gobierno en ningún momento negoció con las pandillas, sino que solo se convirtieron en “facilitadores del proceso de paz”. La tregua entre las pandillas llegó a su final en mayo del 2013 con el cambio forzado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Munguía Payés fue destituido del cargo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Días después, Ricardo Perdomo, quien había estado al frente del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), se convierte en el sustituto de Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad.
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