La pandilla mara Salvatrucha (MS) que operaba en Santa Ana pudo haber obtenido no menos de dos millones 229 mil 640 dólares anuales, producto de las distintas actividades delictivas a las que se dedicaba entre los años 2009 y 2016, según se desprende del requerimiento fiscal en el caso conocido como Operación Tecana.
En el referido documento se detalla que la MS en Santa Ana percibía $118,800 al año derivados de la extorsión; $414,720 del alquiler de vehículos; y $864,000 por la venta de drogas.
Ese monto puede crecer a medida de que las investigaciones arrojen más detalles de los negocios ilegales que esa pandilla poseía en Santa Ana, según el requerimiento.
Lo que llama la atención es que este grupo criminal ha extendido el control de los negocios al alquiler de vehículos y los taxis piratas, según la Fiscalía.
Esta pandilla tenía seis vehículos que había adquirido con dinero producto de sus acciones criminales, de acuerdo al requerimiento fiscal.
Éstos carros estaban a nombre de una mujer que solo han identificado como Maritza, suegra de un pandillero apodado el Terrible.
Vehículos que eran alquilados a otras personas a quienes les cobraban hasta $180 a la semana. Por el alquiler de los seis autos, la pandilla percibía 1,080 dólares por semana, según detalla el requerimiento fiscal.
A los autos se les sumaba las 15 motocicletas que habían sido distribuidas entre los distintos grupos de la MS que operan en Santa Ana. Estas eran usadas por la pandilla para cometer sus fechorías.
FGR: abogado sin justificar patrimonio
La Fiscalía cuenta con documentación del Ministerio de Hacienda y de dos instituciones financieras con respecto al abogado José Ernesto Carranza Quintanilla en los que se establece que sus niveles de ingresos entre los años 2007 a 2016 eran inferiores a las cantidades de dinero que movilizó a través de dos cuentas y a las declaraciones de impuesto sobre la renta que realizó desde 2011 a 2015.
“Se concluye que el señor José Ernesto Carranza Quintanilla colocó fondos financieros superiores a su capacidad económica en el sistema bancario de El Salvador”, señala el requerimiento.
Para el año 2015, entre octubre y noviembre, el investigado reportó valor de 0 a la entidad estatal. Para constatar la veracidad de las declaraciones, la Fiscalía solicitó a dos bancos en los cuales Carranza Quintanilla abrió cuentas de ahorro, encontrando que existían amplias diferencias en los montos.
“Los retiros de efectivo en cuentas bancarias son desproporcionales a la capacidad de costos y gastos generados por el despacho jurídico (de Carranza Quintanilla)”.
Por ejemplo, entre enero del 2007 y el 29 de febrero del 2016 realizó 53 abonos que totalizaron $94,309.
Al examinar la movilidad de los fondos en cuenta anualmente, según la Fiscalía, se observa que en el 2010 se registró un valor de $48,041 en abonos, en retiros por $32,052. En este mismo período realizó depósitos mínimos por $12.28 y retiros máximos hasta por $15,002.
En el año 2011, movilizó $46,225 en abonos, pero hizo retiros hasta por $62,044, según el requerimiento fiscal.