Los cargos de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) penden de un hilo, a raíz de que la Sala de lo Constitucional admitió ayer una demanda en contra de su elección por no cumplir requisitos que manda la ley.
Los magistrados propietarios: Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona y Roberto Antonio Anzora Quiróz, y los suplentes Nolberto Osmín Cunza López y Patricia Lissete Bardales Osegueda fueron juramentados por el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, el pasado 28 de agosto para tres años.
Sin embargo, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 6 de octubre, argumentando que la elección de los funcionarios tiene vicios de ilegalidad.
Humberto Sáenz, presidente del CEJ, dijo en su momento que la Asamblea Legislativa cometió vicios en el proceso de elección de la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, y del resto de magistrados.
“La Asamblea se limitó a hacer un conteo de documentos que tuvo a la vista, adicionó algunos documentos de la trayectoria de los candidatos y con eso pretende decir que ha logrado analizar la competencia notoria; nosotros pensamos que no”, dijo Sáenz.
En síntesis, el CEJ criticó que la elección de los magistrados no cumplió con requisitos de idoneidad, capacidad técnica y desvinculación partidaria, éste último ordenado por la Sala de lo Constitucional para todo funcionario de segundo grado que la Asamblea elija.
La Sala en su admisión explica los motivos que dieron lugar a la aceptación de la demanda del CEJ y a los funcionarios en mención les otorga cinco días hábiles para que respondan, mientras que a la Asamblea Legislativa les da diez días para que justifiquen cómo realizaron el proceso de elección.
Algunos de los argumentos de la Sala para admitir la demanda es que la Comisión Política de la Asamblea no explica cómo evaluó que las personas “electas reunían los estándares más elevados de moralidad y competencia notoria, en comparación con el resto de candidatos que postularon para dichos cargos, ni cómo lograron evidenciar la desvinculación partidaria en los funcionarios electos”.
Agrega que el “dictamen no dice nada de los resultados concretos de las entrevistas, no explica cuáles son las razones que pesaron para elegir a unos candidatos en detrimento de otros, ni de qué manera probaron que no existían vínculos partidarios”.
La admisión fue firmada por los magistrados José Óscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Sonia Barillas de Segovia.
El Secretario General del FMLN, Medardo González, defendió ayer la elección que hizo la Asamblea afirmando que el partido está muy contento con el trabajo que está realizando la actual titular de la Corte de Cuentas.
“Como partido FMLN pues nos sentimos, por decirlo así, satisfechos por el trabajo que hasta hoy la nueva presidenta y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República están desarrollando, particularmente en lo referente al tema de los finiquitos con los candidatos estamos bien”, subrayó González.
A Rivas se le vinculó con el PCN, pero el jefe de fracción del partido pecenista, Mario Ponce, rechazó los señalamientos. Rivas dijo en su momento que ella había sido parte del extinto Partido de Conciliación Nacional (PCN).