Una ley europea que permite a personas particulares borrar de Internet información de su perfil, en caso de considerar que vulnera su derecho a la intimidad, genera contradicción, según expertos en comunicación.
La ley, que data del año 2014, también obliga a los motores de búsqueda como Google eliminar esos perfiles cuando las personas lo demandan.
El miércoles un grupo de expertos debatió en la sede del Diálogo Interamericano sobre los resultados de un estudio titulado: “Democracia en la era digital. Libertad de expresión en las Américas y el derecho al olvido europeo”.
Los ponentes, entre los que figuraba el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, ven con preocupación que esa posibilidad, que tiene facultades extraterritoriales más allá de la jurisdicción de los 28 países de la Unión Europea, manda que servidores como Google supriman de sus motores de búsqueda los nombres de personas que soliciten y demuestren que su información personal que circula en la red les afecta negativamente.
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La ex relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, se unió al foro en video conferencia desde su natal Colombia, y explicó de como el derecho europeo va en contracorriente de los intereses de las jóvenes democracias latinoamericanas.
“Por qué decimos que hay un choque de sistemas, entendiendo que la doctrina pretende una credibilidad legítima porque nosotros no discutimos el problema, pero el punto radica en que cuando una persona solicita que determinada información sea desvinculada de un buscador, no solamente se bloquea ese nombre para el país donde se ha solicitado o en este caso la Unión Europea, sino que se da para todo el mundo, desaparece, se disuelve como si nunca hubiera existido, de ahí la extraterritorialidad de esa decisión”, apuntó Botero.
Para esta experta, este punto flaco puede ser aprovechado por corruptos, violadores de derechos humanos y perseguidos en casos judiciales en países fuera de la Unión Europea que con sus recursos podrían acudir a alguno de estos países y solicitar que se limpie su record en Internet.
La experta fue más allá al señalar que en América Latina hay una tendencia a recuperar la memoria histórica y que una legislación como la europea es un mensaje contradictorio para los esfuerzos de las comunidades del hemisferio.
Puso como ejemplo a El Salvador que atravesó un agudo conflicto bélico en la década de 1980 y que en la actualidad hay mucho interés, en diferentes sectores, de ubicar y contrastar información de personas vinculadas a violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad y que las herramientas de la red son una ventana para esas búsquedas.
El actual relator de la OEA en materia de libre expresión, Edison Lanza, coincide con su antecesora y cree además que esta doctrina europea puede tener ciertas excepciones con personas específicas que demuestren difamación u otros daños causados por información difamatoria, pero que al mismo tiempo la normativa está promoviendo una cultura de “purificación virtual”.
“Yo sigo una tendencia social que la historia se hace con las acciones de las personas en su vida cotidiana, si se limpia la información de la red de personas acusadas de violación u otros crímenes entonces en 100 años cuando las futuras generaciones estudien nuestro tiempo parecerá que fuimos una sociedades muy limpia”, acota Lanza.
Sin embargo, el especialista en derecho administrativo, José Luis Piñar, consultor español para la creación de los manuales europeos, cree que debe haber un punto de confluencia entre las dos posturas, la americana y la del Viejo Mundo.
Destacó que Europa se adelantó a los países del hemisferio occidental en el tema de protección de datos, una modalidad que se impuso en Europa desde la década de 1970, a diferente escala en todos los países del continente, con el objetivo de proteger información personal de los ciudadanos. Así también las legislaciones sobre transparencia.
Para Piñar es legítimo que una persona, cuyos hechos del pasado puestos en la red -con información que en la actualidad sea irrelevante- se conviertan en trabas para que puedan llevar una vida normal, como conseguir un empleo, entre otros, por lo que defiende la normativa.
Si considera que la responsabilidad de retirar un nombre de un buscador no se debe asignar a una empresa privada de Internet, como ha ordenado la Unión Europea, sino que debería surtir por una orden judicial; también cuestiona la extraterritorialidad del reglamento.
La periodista investigadora Romina Mella, del Perú, dijo que en su propio país personas involucradas en actos de corrupción están sacando ventaja de esta nueva doctrina y llevando incluso más allá sus alcances al interponer demandas judiciales por considerar que se daña su honor.
El experto Piñar Mañas agregó que en el caso europeo los funcionarios y ex funcionarios públicos no califican para solicitar el retiro de información que esté relacionada con sus actividades como servidores públicos. Y que la doctrina de “derecho al olvido” y la protección de datos de los ciudadanos han sido herramientas consensuadas para evitar que se repitan casos de autoritarismo como los sucedidos antes y después de la Segunda Guerra Mundial.