El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, deberá aclarar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presuntas irregularidades halladas en sus declaraciones de patrimonio y de su familia.
El dato lo desvela el propio Reyes en un escrito que ha hecho llegar a la Corte y a cuya copia ha tenido acceso El Diario de Hoy, en el que pide 120 días adicionales a los diez días que le estableció Probidad para que presente sus pruebas de descargo en el proceso de análisis que esa instancia de la Corte lleva sobre la declaración de bienes del exdiputado y alto dirigente del FMLN.
“Que según acuerdo tomado por este Pleno, fui notificado sobre el referido informe mediante esquela, la cual me fue entregada el día veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete en el que se señala la supuesta existencia de irregularidades en mis declaraciones patrimoniales antes apuntadas”, señala Reyes.
En el escrito, Reyes no dice a cuánto ascienden las irregularidades señaladas por la Corte en su informe preliminar.
Probidad mantiene bajo investigación los bienes del exdiputado oficialista en los períodos en que fungió como diputado por el FMLN y como presidente del Congreso, estos son: desde el 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
A decir del mismo Reyes, Probidad ha finalizado un informe preliminar de 140 páginas sobre su caso y le ha hallado presuntas anomalías durante su gestión, y que también incluye operaciones realizadas antes y después de sus nueve años como legislador.
“A ese cúmulo de actividades le dio análisis durante al menos dos años la Sección de Probidad y después de ese lapso es que emitió un informe en octubre de 2017, en el que señalan presuntas irregularidades”, dice en el documento.
Reyes ha estado en el ojo público luego que sus declaraciones patrimoniales al final de su legislatura revelaran un incremento de $717,065.80.
El ahora presidente de Proesa ha insistido en que su patrimonio y el de su familia lo han hecho de manera lícita, y que se han debido a los ahorros que ha hecho con sus salarios.
Al analizar sus declaraciones, Reyes habría ahorrado cada mes poco más de $3 mil solo en su primer período y un promedio de $4,181.78 mensuales en su segundo período.
Reyes también generó polémica al conocerse que junto con su asesor y socio Byron Larrazábal, compraron terrenos del IPSFA por $400 mil 440 al contado.
En la petición de Reyes, con fecha 3 de noviembre de 2017, el también embajador para la promoción de inversión extranjera, alega que diez días es un plazo insuficiente para reunir las pruebas de descargo de “centenares de transacciones” hechas por él y su familia en nueve años.
Incluso, Reyes le hace ver a la Corte Plena que si Probidad ha tardado dos años para analizar su caso y no ha terminado de reunir la documentación financiera relacionada, él y su familia no podrán recolectar en diez días las pruebas para disipar los hallazgos.
Les dice que una vez notificado y leído el “largo documento” ha “procedido sin demora a la búsqueda de toda la información de descargo que sea útil para dar respuesta a las supuestas irregularidades encontradas”, que, dice, se agrupan en al menos 47 categorías.
Aunque dice que buena parte de la documentación que debe reunir atañe a antiguas transacciones y que al verlas una a una no se refieren a montos significativos.
Parte de la argumentación de Reyes para pedir más tiempo, radica en que esta búsqueda de documentos la tiene que llevar en paralelo a sus responsabilidades como presidente de Proesa y embajador, las que, entre otras cosas, le implican “numerosas” reuniones con inversionistas y misiones al extranjero.
A manera de ejemplo, cita que en las próximas semanas debe viajar a Reino Unido, China, Alemania, Polonia, Dominicana y Uruguay, y que esto le “dificulta de sobremanera completar en corto tiempo toda la información”.
También les dice que esa búsqueda de documentos que demuestren “la licitud” de sus actuaciones y así “desvanecer la presunción de irregularidad”, lo obligan a acudir a instituciones financieras, registros públicos, personas naturales e instituciones privadas, y organismos internacionales dentro y fuera del país.
Pide reservar su petición
Reyes le dice claramente a la Corte que no debe trascender a la ciudadanía, su mandante, el contenido de esta petición porque se trata de un informe preliminar, y no se ha determinado en firme indicios de enriquecimiento ilícito.
Por todo lo anterior, y en vista que su petición de tiempo adicional formará parte de los antecedentes del caso, Reyes les advierte: “Es menester que en este momento también sea considerado como información reservada y que por lo tanto no debe trascender bajo ninguna circunstancia al público en esta etapa procesal”, lo cual, dice debe ser conforme a lo acordado por el Pleno de la Corte en la sesión del 20 de junio pasado.
Sin embargo, este escrito no revela datos concretos de los hallazgos a su declaración patrimonial que Probidad le ha hecho.