Diez años después de haber sido creados (2007) los cinco Tribunales Especializados de El Salvador están colapsados y requieren de una nueva ley contra el Crimen Organizado que priorice los casos de su competencia, afirmaron dos jueces.
Los juzgadores consideran como crimen organizado las bandas de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, corrupción a todo nivel entre otros.
Diez años después y conforme se incrementó la violencia y delincuencia más que todo por pandillas, estos tribunales están al tope y sus representantes aseguran tener dificultades para salir a tiempo con su misión.
Como alternativa, este año la Corte Suprema de Justicia intentó eliminar esos juzgados y propuso redistribuir sus procesos en los juzgados comunes.
El presidente de la Corte, Oscar Armando Pineda acudió a la Asamblea Legislativa para solicitar la disolución de los referidos tribunales, pero los diputados y en especial el presidente, Guillermo Gallegos reaccionó distinto; fueron del criterio que en vez de suprimirlos había que fortalecerlos con más jueces y tribunales, aprovechando su experiencia alcanzada en una década.
Más de cuatro mil sentencias condenatorias y absolutorias y el juzgamiento de más de 773 bandas delincuenciales son parte de los resultados preliminares de la labor de los tribunales Antimafia de El Salvador en estos diez años.
Dos jueces de los tribunales de Sentencia A y B, quienes por razones de seguridad pidieron no revelar su identidad, han hecho un balance de sus funciones en estos diez años. “Estos tribunales han cumplido su función a partir de la implementación de la Ley contra el Crimen Organizado, en abril de 2007, con la expectativa que se iba a juzgar a personas que integraban ese nivel de delito.
Sin embargo, los jueces manifiestan que los procesos que tienen que ver con bandas del crimen organizado son pocas, más bien se han convertido en tribunales para juzgar grandes grupos de pandillas.
“No quiero decir que las pandillas no sean expresión del crimen organizado, pero diez años atrás solo eran instrumento delictivo. Con el tiempo el crimen organizado y las pandillas fueron mutando y si son expresiones del crimen organizado”, afirmó el juez Antimafia de Sentencia A.
“Las pandillas ya no son aquel grupo de personas que comenzaron quitando gorras en los buses, peleando entre un instituto y otro, sino que son crimen organizado que llegan al nivel de organizaciones terroristas”, argumentó el juez de Sentencia B.
Aunque la base de la prueba en los diferentes procesos ha sido el testigo criteriado, en la actualidad las escuchas telefónicas se han vuelto una prueba recurrente , el cual demanda mucho trabajo, tiempo y recursos técnicos.
“Eso es lo más tedioso que puede haber. Nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos y la mejor intención porque estamos comprometidos con la situación que estamos viviendo, y nosotros tenemos que aportar desde los parámetros que nos da la Constitución y las leyes, nuestra parte”, dijo el juez de Sentencia “C”.
De 2009 a la fecha, el incremento de la violencia disparó los casos en los tribunales, triplicó su trabajo.
Estos jueces han conocido procesos de 100, 200 y 300 imputados. “Esto ha sido el obstáculo o causa para que los juzgados se saturen y ante la falta de proyección estamos colapsados desde 2009”.
Los resultados en estos juicios no son los que se desearían, hay casos en que los delincuentes son puestos en libertad no por decisión del juez sino en cumplimiento de la Ley, que prohibe mantener en prisión más de dos años a una persona sin que haya una sentencia.
El juez Antimafia de Sentencia C, explicó que a él correspondió tramitar el caso de “centrales locos Salvatruchos” con casi 50 pandilleros, cuyo expediente judicial para programar el juicio llegó 15 días antes de vencerse el plazo máximo de detención provisional (200 días).
En esas condiciones, afirma el juez, no es posible que en ese tiempo se pueda hacer un estudio del caso y programar una audiencia.
Y es que la programación de un juicio requiere de verificar disponibilidad en la agenda de trabajo de los jueces, instalaciones donde se va a desarrollar, el equipo de apoyo, salas, coordinar con otras instancias de la Corte, Policía Nacional Civil y Centros Penales. Los jueces antimafia afirman que después de que el presidente de la Corte acudió a la Asamblea Legislativa el futuro de los especializados ha quedado en un silencio profundo.