El perito de la Fiscalía, Jorge Andrade, mostró ayer evidencias ante el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla que revelan que el alcalde San Salvador, Nayib Bukele, dio las órdenes para alterar el sitio web de La Prensa Gráfica.
La orden la dio vía WhatsApp a José Carlos Navarro, señalado segundo al mando en la estructura para atacar los sitios web de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
Bukele, aunque no figura como procesado en este juicio, las pruebas que incriminan a los demás imputados apuntan a él como el líder de esa banda.
“Según el peritaje y conversaciones en WhatsApp, y de acuerdo con la identificación e individualización de las personas que andaban esos teléfonos y números, se ha establecido que el señor Nayib Bukele le dio instrucciones a Navarro para atacar La Prensa Gráfica y comprar algunos sitios falsos”, afirmó el apoderado legal del periódico afectado, José Arístides Perla.
El señalamiento del perito surge en el cuarto día del juicio que se sigue a Andrés Ortíz Lara, Mayra Lisseth Morán, José Carlos Navarro, Oscar Alejandro Domínguez y Sofía Medina. Esta última es la jefa de comunicaciones del alcalde San Salvador.
Todos ellos son acusados de cometer los delitos de violación a derechos de autor, violación a distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas.
“El perito estableció jerarquización. Ha quedado establecido que ese contacto N estaba registrado y había comunicación entre José Carlos Navarro y Sofía Medina para atacar ambos periódicos con los sitios falsos”, agregó Perla.
El abogado puntualizó que después de Bukele, Navarro dirigía, organizaba y manejaba en la agencia de publicidad Bunker y daba las instrucciones al resto de personas.
Esa prueba estuvo en riesgo de perderse, según los acusadores, ya que en una diligencia fiscal a la que fueron citados los imputados en San Marcos, se les pidió que dejaran sus teléfonos en un escritorio, pero en un descuido un sujeto ajeno a la oficina robó varios teléfonos, ente ellos el de José Carlos Navarro.
Aunque el sujeto se llevó toda la evidencia, Navarro un día antes de que la Fiscalía allanara la empresa Búnker, había conectado el teléfono a su computadora personal y automáticamente se grabó todos sus mensajes de WhatsApp, lo que ayudó a descubrir quién estaba a la cabeza de ese plan de clonación.
Además, en otra computadora decomisada a Andrés Ricardo Ortiz Lara, otro de los cinco acusados, se encontró supuesta evidencia que los compromete en el ilícito.
El investigador de la Policía expuso que esas evidencias relacionan a Ortíz Lara en la compra de dominio y en la activación de los sitios: laprensagriafica.com y el acceso tanto a este como al otro dominio clonado: ellsalvador.com.
Otras revelaciones
En el sitio laprensagriafica.com publicaron notas falsas como una en que toman la figura de José Roberto Dutríz, presidente del Grupo Dutríz, para decir que como propietarios de los medios pueden publicar lo que quieran.
Para mayor impacto de esas notas falsas, dijo el perito fiscal, Bukele ordenó que se utilizara las redes sociales, una misión que le habrían encomendado a Sofía Medina, otra de las imputadas.
Ese registro se ha hallado en una de las 14 computadoras decomisadas con usuario “Andres”. Mientras que en uno de los teléfonos celulares decomisados a Ortíz Lara quedó registrada la compra del dominio laprensagriafica.com. El valor de la compra fue por $10.70 para un año.
Hay además registro de un correo electrónico dirigido a Mayra Morán, otra de las acusadas, en la que consta que compró el dominio, y le envían la factura, dijo el agente.
Este investigador que testificó ayer contra los imputados participó en los allanamientos a la casa, entre ellas en donde operaba la agencia Búnker y en el decomiso de al menos 14 computadoras y varios teléfonos celulares.
En esa oficina se encontró a Ortiz Lara y a 11 empleados. Esta agencia de publicidad obtuvo contratos de publicidad de la alcaldía en la gestión de Bukele.
Lo que plantea la defensa
Para los defensores ninguna de las evidencias presentadas por el Ministerio Público tienen fundamento.
Según plantearon, ha sucedido una serie de errores en el procedimiento como el ingreso de personas ajenas en las casas allanadas, entre ellas el apoderado legal de La Prensa Gráfica y un fotoperiodista que hizo fotos sin que eso constara en actas.
Lo anterior, según los defensores, rompió la cadena de custodia exigida en toda operación y prueba de este tipo.
Los abogados han cuestionado además que hubo una falta de control de evidencias incautadas en las casas y su traslado a la sede fiscal en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, y posteriormente a una bodega judicial ubicada en Ilopango, al oriente de la capital.
Mientras tanto, los imputados Andrés Ricardo Ortíz y José Carlos Navarro recriminaron al agente investigador que testificó en su contra.
Según dijeron, no hay constancia de que las computadoras y celulares decomisados pertenecían a cada uno de los detenidos como prueba para incriminarlos pues no fue confrontado cada dispositivo con facturas de compra.
Eso pese a que, en el caso de Ortíz Lara, los registros de compra del dominio laprensagriafica.com y el acceso a este se halló en una de sus computadoras, según el peritaje.