Si bien el informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a inicios de este mes, bajo el título “Una situación habitual: Violencia en las vidas de los niños y adolescentes”, es un llamado de atención para enfocar esfuerzos en erradicar conductas que vulneran a miembros de estos sectores, entre ellas prácticas disciplinarias de castigo, según algunos legisladores el país ya cuenta con leyes que buscan poner fin a es problema.
“Cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años de edad en todo el mundo ( 3 de cada 4), son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores: 250 millones (alrededor de 6 de cada 10) son castigados por medios físicos”, señala el documento.
Según la Unicef, a nivel mundial, 1,110 millones de cuidadores dicen que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a los niños.
El organismo internacional advierte que hasta la fecha sólo 60 países han adoptado una legislación que prohiba totalmente el castigo corporal contra los niños en el hogar, lo que deja a más de 600 millones de niños menores de cinco años sin protección jurídica plena.
La Unicef expone que “la violencia contra los niños muchas veces se justifica racionalmente como si fuera algo necesario o inevitable”, también se acepta porque quienes la ejercen son conocidos y entonces se minimiza como si fuera irrelevante.
De allí que esto lleva a que las víctimas consideren que la violencia es normal y se vuelve difícil prevenirla y eliminarla.
Nuestro país y otros de la región centroamericana tienen el reto en sus manos, pues según el doctor Óscar Picardo, investigador y director del Instituto de Ciencia, Tecnología (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), ese sistema de corrección aún está presente entre las familias y escuelas salvadoreñas.
Picardo, quien es un pedagogo de gran trayectoria, detalló que en el estudio sobre violencia y resiliencia que un equipo de investigadores del ICTI llevó a cabo entre los alumnos de tercer ciclo y bachillerato de 83 centros educativos de El Salvador y 83 de Honduras se identificó que en ambos sistemas aparecía el fenómeno.
El doctor Picardo señaló que pese a que la cota de este tipo de prácticas inadecuadas (castigos físicos, plantones, tirones de oreja, planas) que identificaron era baja es evidente que se debe trabajar para erradicarlas: “Yo creería que en la mayoría de centros ya no se utilizan ese tipo de sistemas, pero siempre hay algunos docentes que todavía aplican, sobre todo en muchachos más inquietos o que son poco respetuosos”, detalló.
Picardo sostiene que los castigos físicos y psicológicos son más marcados en las pautas de crianza que tienen los padres, tal como se identificó en el estudio.
“Definitivamente son prácticas nocivas, que tienen un impacto negativo y refuerzan comportamientos agresivos (en los niños y jóvenes)”, citó.
La diputada de ARENA, Mayté Iraheta, quien es secretaria de la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa, afirmó que en la presente legislatura se han establecido nuevas regulaciones para frenar los abusos contra los menores. Con ello se refiere a la reforma al Código de Familia que prohibe el matrimonio entre hombres mayores y niñas, así como la reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) para prevenir el acoso en las escuelas.
Iraheta detalló que en lo personal promovió una reforma al Código Municipal para que se creara la unidad de la niña, niño y adolescente en las alcaldías.
La parlamentaria señala que cuando ya se habla de violencia física la Lepina es clara en que hay una prohibición de maltrato físico, psicológico o cualquier trato ofensivo para la niñez y adolescencia, pero lo que sucede es que hay un gran desconocimiento de esa normativa y no se aplica. “Está prohibido, pero nadie alza la voz porque nuestros territorios hay un tema de inseguridad gravísima, que si alguien dice algo no amanece el siguiente día”, subrayó.
La funcionaria enfatiza en que el problema de la violencia física contra los infantes está vinculado con la falta de educación: “Nuestra gente no está educada, nuestros adolescentes no se preparan para ser padres y luego son padres sin educación y se vuelve a repetir el círculo”, comentó.