Estado salvadoreño sigue sin reconocer los desplazamientos forzados

En algunos casos, comunidades enteras han tenido que dejar sus hogares para huir de la violencia que afecta su zona.

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Familia huye de pandillas en Panchimalco.

Por Xenia González Oliva

31 October 2017

El Estado salvadoreño continúa sin reconocer formalmente el fenómeno del desplazamiento interno forzado por la violencia, permitiendo que la magnitud del problema se expanda mientras las víctimas no encuentran la protección que necesitan, consideraron ayer representantes de la Fundación Cristosal y del Observatorio Global sobre el Desplazamiento Interno, (IDMC por sus siglas en inglés).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exigió al Estado salvadoreño reconocer el problema, prevenirlo y garantizar los derechos de las víctimas.

Además, la Corte instó al país a generar las medidas legislativas necesarias para atender el fenómeno.

Celia Medrano, oficial de programas de Cristosal, dijo que, a su juicio, la actual legislación salvadoreña no está a la altura ni da lugar a que se atienda de la mejor manera a las víctimas del desplazamiento forzado.

“Es necesario y urgente trabajar en políticas públicas, en programas específicos y en una legislación capaz de proteger a víctimas de violencia de manera integral y articulada por todas las instancias del Estado”, dijo.

Medrano calificó la posición del país ante el problema como “negacionista”. Añadió que la falta de un reconocimiento del fenómeno permite que las mismas víctimas se mantengan invisibles, sin que el Estado tome las medidas más eficaces para atenderlas ni para protegerlas.

“Continuar con la posición de no reconocer este grave fenómeno implica una grave violación a derechos humanos, a los derechos de las víctimas”, dijo. La “invisibilización” del fenómeno también ha dado lugar a que no haya un registro adecuado de los casos, dicen, por lo que Cristosal iniciará un centro de monitoreo del desplazamiento interno con apoyo del IDMC.

Víctimas del fenómeno buscaron amparo

Entre enero y septiembre de este año, Cristosal ha atendido directamente a 83 casos de desplazamiento forzado, que involucran a 394 personas en total.

Entre ellos, hay cinco casos de víctimas que interpusieron demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A inicios de octubre la Sala admitió una de las demandas presentada por un grupo familiar y ordenó al Estado, en específico a la Policía y a la Fiscalía, garantizar su protección. Medrano dijo que dos demandas más han sido admitidas y también se han emitido medidas cautelares para estos casos.