A un año de la captura del expresidente Elías Antonio Saca González y de seis de sus excolaboradores, la situación jurídica de ellos aún se encuentra en el limbo. Un tribunal de justicia no define todavía si son culpables o inocentes de los cargos que les imputa la Fiscalía General como lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y agrupaciones ilícitas.
La acusación fiscal se basa en que Saca González, con la colaboración de los seis exfuncionarios de su gobierno, desvió $246 millones del Tesoro Público y luego lavó esa cantidad de dinero.
La tesis fiscal es que ese dinero fue a parar a cuentas personales y a las empresas de Saca a través de una triangulación en la que participaron algunas agencias de publicidad.
Los defensores de Saca y de los exfuncionarios coinciden en que ese dinero proveniente del rubro de gastos reservados se invirtió en los distintos programas que impulsaba la Presidencia de la República.
“Ese ($246 millones) es el presupuesto de Casa Presidencial, es decir, que si esa tesis de la Fiscalía fuera real, no funcionó Casa Presidencial en los cinco años de su Presidencia, porque él (Saca) se apropió de los fondos”, alega Mario Machado, quien defiende al expresidente.
“No hay indicios de que ese dinero pasó a una cuenta personal y luego ese dinero se lo depositaron a las cuentas de Saca y sus empresas”, añadió.
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A Saca González lo arrestaron junto a tres de sus exfuncionarios en la madrugada del 30 de octubre del 2016, justo en la fiesta de boda de su hijo mayor en un centro de recepciones de Antiguo Cuscatlán.
En esa fiesta fueron arrestados César Funes, quien expresidente de la Anda; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Mientras que Elmer Charlaix, quien fungió como su secretario privado, se entregó al día siguiente en la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía.
Los exempleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera Castellanos, también fueron capturados en sus domicilios.
Transcurrido un año de su detención y aunque se está en el tiempo que señala la Ley, los abogados defensores coinciden en que el proceso se ha dilatado porque la Fiscalía General pidió otra prórroga del plazo de instrucción que se vencía el 30 de mayo pasado.
Defensor rechaza delitos
El abogado Quintanilla dice que Julio Rank nunca se “embolsó algún centavo de fondos públicos”.
A Rank lo acusan de lavar $4.5 millones provenientes de la partida secreta, pero según Quintanilla, el dinero que recibió su cliente no era producto de ningún peculado, sino que procedía del Presupuesto General de la Nación asignado a la Presidencia de la República. “Esa es la primer premisa totalmente equivocada de la que parte la Fiscalía General”, argumenta.
“Resulta que Julio Rank utilizó esos 4.5 millones de dólares en la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones y ahí se manejaron cinco rubros”, dijo Quintanilla.
Y agregó que todo está documentado “con la ejecución de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones, monitoreo de medios de comunicación, pago de asesores, y el plan social urbano que comprendía la remoción de edificios en las comunidades.
Considera que la acusación de la Fiscalía tiene bastantes deficiencias jurídicas, y que todo el caso está construído en los informes financieros de los bancos, pero los fiscales nunca investigaron y la acusación está sustentada en el informe de la Seccción de Probidad de la Corte Suprema.
Cuestionó a la Fiscalía por el hecho de que nunca citó a Rank para que explicara la inversión de ese dinero antes de ser acusado y arrestado.
