El Juzgado Cuarto de Instrucción suspendió este jueves la audiencia especial programada a petición de la defensa del ex presidente Elías Antonio Saca, tras la negativa del juzgador de aceptar las declaraciones en audio y video, y que además éstas fueran admitidas como pruebas en el proceso.
Se tenía previsto que este día el exmandatario declarara sus argumentos que podrían desvirtuar la acusación de la Fiscalía en su contra sobre el tema de los gastos reservados de la Presidencia
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“Estas solo serían de uso para fines administrativos y eso no abona a la defensa”, afirmó el abogado Mario Machado.
#ElSalvador: Defensa pidió a juez 4o de Instrucción suspender audiencia especial en la que el expresidente Saca ofrecería declaraciones.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 26 de octubre de 2017
El defensor también aseguró que al igual que en el caso del exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix solicitó la separación del juez Cuarto de Instrucción por no garantizar transparencia en el proceso.
A pocos días de la audiencia preliminar en la que el juzgado determinará si hay suficientes pruebas para enviar el caso del exmandatario y seis más a juicio por varios delitos de corrupción, la defensa pidió la separación del juez Cuarto de Paz.
Machado sintetizó la decisión de la defensa dado que, según él, “el juez no ofrece las garantías procesales para la incorporación de pruebas”.
El juez solo permitió grabación de audio y video con fines administrativos, para que le sirva al secretario del tribunal a la hora de transcribir la declaración, situación que no es de incumbencia de la defensa ni le interesa, detalló Machado.
Frente a esa negativa, la defensa de Saca presentó un recurso ante un tribunal superior por el rechazo del juez a tomar una prueba a favor del imputado.
Machado dijo que en las declaraciones de Saca se referiría a la tesis de la Fiscalía en que el dinero de la Presidencia que pasó a una cuenta particular de cualquiera de los procesados salen cheques, y esos cheques tienen destinatarios, además fueron dirigidos a personas naturales y jurídicas en pagos por diversos servicios relacionados a la Presidencia de la República.
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Los argumentos de la defensa es que los 246 millones de dólares que le piden cuentas a Saca, fueron gastos reservados por la misma seguridad, salidas del país, recibimiento de expresidentes, delegaciones, compra de servicios en hoteles, compra de boletos aéreos donde por seguridad no se pueden revelar datos, alega Machado.
El ente fiscal acusa al exmandatario de haber desviado la cantidad de 246 millones de dólares de los fondos del Estado durante su gestión presidencial 2004-2009. También lo acusan de haber lavado esa cantidad de dinero.
La autorización del referido tribunal de que Saca rinda su declaración judicial se basa en el artículo 90 del Código Procesal Penal que establece el derecho del imputado de dar su declaración indagatoria ante el juez del caso.
Anteriormente había declarado Julio Rank, quien fue Secretario de Comunicaciones durante la Presidencia de Saca. Rank se defendió diciendo que él no había lavado dinero proveniente de las arcas del Estado como lo acusa la Fiscalía.
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