La voz de las víctimas de El Mozote se apoderó durante las últimas semanas de la pequeña sala de audiencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán.
Desde el pasado 21 de septiembre, el juez Jorge Alberto Guzmán Urquilla ha convocado a testigos para que den su declaración sobre los hechos ocurridos entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, por el caso conocido como masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Sus declaraciones se sumaron a los diez testimonios ya recopilados en años anteriores por personas que habían denunciado la masacre, en total son 27 los testimonios que forman parte del proceso.
El último testigo declaró el viernes recién pasado. “Queda a criterio del juez si ya da por establecidos los hechos o si considera necesario que declaren más testigos, porque testigos hay bastantes”, dijo Juan José Benavides, uno de los fiscales del caso.
El origen del proceso penal fue una denuncia interpuesta por Pedro Chicas Romero, el 26 de octubre 1990. En ese entonces, él denunció una serie de crímenes cometidos en el caserío El Mozote, en Morazán, y en lugares cercanos.
“Se dio inicio a la investigación de múltiples crímenes como homicidios, daños, violaciones y otros, que supuestamente se cometieron en el marco del conflicto armado”, explicó el juez Guzmán Urquilla, cuando iniciaba la primera audiencia del día programada el jueves 19 de octubre.
Sin embargo, las diligencias que se llevaban en ese entonces se pararon tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 y el juez dictó un sobreseimiento definitivo.
El 26 de noviembre de 2006, acusadores particulares presentaron una acusación formal y pidieron que se anulara el sobreseimiento definitivo. En esa acusación se menciona con nombres y apellidos a militares del alto mando de la Fuerza Armada de la época, como autores intelectuales de los hechos.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió una sentencia en la que mandó al Estado de El Salvador a investigar los hechos.
Pero fue hasta este año que se reabrió el caso, después de que en 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenara la anulación de la Ley General de Amnistía.
La rutina que había iniciado a finales de septiembre, de audiencias dedicadas al testimonios de los sobrevivientes, fue ligeramente interrumpida el jueves pasado con la llegada al juzgado del general Juan Rafael Bustillo Toledo, quien fue comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, del 19 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1989.
En marzo de este año, un grupo de militares, entre los que se encontraba el general José Guillermo García, exministro de la Defensa, ya habían comparecido a la audiencia especial de notificación.
Bustillo no se presentó entonces porque estaba fuera del país, ante la orden de captura internacional girada por la audiencia de un tribunal de España por el caso del asesinato de los Jesuitas y sus colaboradoras.
Desde el inicio de la audiencia, Bustillo se mostraba dispuesto a hablar ante el juez. Llegó acompañado de sus dos hijos y una copia del informe de la Comisión de la Verdad, que blandió al sentarse solo.
Sin inmutarse, escuchó el recuento de los hechos ocurridos durante los días en los que ocurrió la masacre; cuando el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) y el Batallón Atlacatl recorrieron Arambala, El Mozote y los caseríos La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz.
“Los hechos que se le acaban de informar, que son los acusados en el año 2006, constituyen los siguientes delitos, que a usted junto a los otros militares sometidos a este proceso se les atribuye”, dijo el juez.
“Asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daño agravado, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos preparatorios del terrorismo” son los delitos que se le atribuyen a Bustillo y a 17 militares más. Todos están bajo el código penal de 1973.
Tras la lectura de los delitos, Bustillo insistió en poder brindar su declaración. “Me han leído todo, he escuchado todos los cargos que me han hecho, toda la lectura que han dado de lo que aconteció en diciembre del 81, pero, sin embargo, ¿yo no puedo hablar entonces?”, cuestionó después de que el juez le dijera que señalarían otro día y hora para que él diera su declaración.
Durante el relato de los hechos, un defensor de los otros militares le había recomendado a sus hijos que le dijeran que no declarara nada. Juan Antonio Perdomo, quien se sumó como el defensor público asignado por la Procuraduría de San Francisco Gotera, también pidió prorrogar la declaratoria.
“Mi defensor me ha recomendado que lo haga posteriormente”, dijo Bustillo al final. Tras la audiencia el general dijo que después estaría abierto a hablar a la prensa nacional e internacional de todo lo que sabía.
Bustillo también tomó otra decisión, quedarse a escuchar el testimonio de Rosario López Sánchez, de 70 años.
Su presencia llevó a una breve debate entre el juez, los defensores y la parte acusadora, quienes pedían que él se retirara por el bienestar de la sobreviviente. Pero ella, tras hablar con un psicólogo del juzgado, decidió no callar.
Rosario relató cómo ella, su compañero de vida y sus hijos lograron huir a un cerro al percatarse de la llegada de los soldados, pero el resto de su familia no corrió con la misma suerte. Semanas después, ella regresó a buscar a sus padres, hermanas y el resto de su familia, pero todos habían sido asesinados. En total dijo que perdió a 24 familiares.
Al intentar recitar todos sus nombres, se quebró en llanto.
“No es fácil perder toda la familia uno y después estar dando declaraciones, pero puede continuar...”, dijo al recomponerse.
Por la tarde de ese mismo día, María Margarita Chicas, de 72 años, también compartió la tristeza que le ha perseguido desde ese 8 de diciembre de 1981 en Arambala cuando asesinaron a su esposo.
“Eso fue triste para mí. Eso no se olvida. Son cosas que… pasan y uno tiene que, dice uno resignarse, pero no puede”, dijo Margarita.
Cuando a ambas les preguntaron qué buscaban, respondieron que justicia.
“Espero en Dios que va a poner la justicia sobre los hechos intelectuales de esta masacre, porque no es fácil perder uno toda su familia. Lo que más me duele es que la mayoría eran niños. Ellos no sabían por qué morían”, expuso Rosario.
Tras el testimonio brindado el viernes, el juzgado aún no ha programado más diligencias. Queda pendiente la declaración del general Bustillo, además la defensa podría presentar testigos de descargo.
Horas después de que terminara la audiencia del jueves, Cerapia Chicas, de 65 años, se mantenía atenta ante cualquier persona que llegara al monumento histórico El Mozote.
Aunque ella no ha asistido a las audiencias, también pide lo mismo que Rosario y Margarita, justicia: “Pedimos que haya justicia. Fue un sufrimiento... Todos los días nos recordamos de ellos, no va a ser un solo día”.
Los hechos investigados ocurrieron en:
Arambala, 9 de diciembre de 1981.
El Mozote, 11 de diciembre de 1981.
La Joya, 11 de diciembre de 1981.
Ranchería, 12 de diciembre de 1981.
Los Toriles, 12 de diciembre de 1981.
Jocote Amarillo, 13 de diciembre de 1981
Cerro Pando, 13 de diciembre de 1981.
Cerro Ortiz, 13 de diciembre de 1981.