Las cinco propuestas de Ley de Agua que se discuten en la Asamblea Legislativa coinciden en afirmar que el agua es propiedad del Estado. Dos, la del Ministerio de Medio Ambiente y la del Foro del Agua, plantean que la autoridad hídrica sea el MARN. Pero esta posibilidad ya ha sido descartada.
El año pasado, el gobierno y la empresa privada encontraron un punto de coincidencia: el agua debe contar con una autoridad autónoma, siempre pública, liderada por un presidente nombrado por el Ejecutivo.
Waldo Jiménez, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente, confirman ese punto.
El gobierno y la ANEP encontraron más coincidencias que fueron plasmadas en un documento, sobre el cual Pohl aclara que no se trata de un proyecto de ley, sino de “un documento que determinaba los puntos de concordancia que podríamos tener en torno a esta ley”.
Ese documento fue presentado ante el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (Conasav). Ahí, según Jiménez, fue rechazado: “Hasta agosto de 2016 logramos acuerdo en la mayor parte del tema relacionado con la Ley de Agua. Ese acuerdo se echó a perder cuando el gobierno llevó ese proyecto de Ley al Conasav; porque en el Conasav, principalmente, el FMLN dijo desconocer cualquier acuerdo que el gobierno pudo haber tenido con ANEP y se echó a perder el proyecto”.
Pohl matiza lo que ocurrió en el Conasav: “Hubo comentarios, disidencias. Creo que lo más importante es que hubo acuerdos (...) Ahí se dijo que, efectivamente, la instancia que se encargará del manejo del agua, de un recurso tan vital en el país, tenía que ser pública”.
Ocho meses después de que el Conasav observará los puntos de coincidencia entre la ANEP y el gobierno, un grupo de profesionales presentó un nuevo proyecto de Ley, que contó con el apoyo de diputados de la oposición.
Jiménez explica que este proyecto tomó como base los acuerdos presentados ante el Conasav, pero con los que tiene algunas diferencias. La primera es quiénes deben conformar la junta directiva de la autoridad hídrica.
El proyecto de los profesionales plantea que la directiva debe tener dos miembros provenientes de la empresa privada, dos de Comures y un presidente nombrado por el Ejecutivo. El proyecto que en su momento apoyó la ANEP, conocido como el de los regantes, plantea que la directiva debe estar conformada por dos representantes del gobierno, uno de Comures, uno de las universidades y tres del sector privado.
“El acuerdo que se tiene con el gobierno”, explica Jiménez, “dice que deben ser dos del sector privado, dos de Comures y tres del gobierno”. Según él, “esa es la diferencia fundamental de todos los proyectos.
La autoridad rectora del agua en cada propuestas de ley
