En el cantón San Rafael Tasajera, de San Luis La Herradura, La Paz, el agua servida sale de las casas, se acumula en los caminos vecinales y termina, sin ningún tipo de tratamiento, en el estero de Jaltepeque. Hasta hace algunas semanas, las familias tenían que comprar agua embotellada para que sus hijos la llevaran a la escuela. Así fue hasta que la Unión Europea, a través del programa Water Clima LAC, financió la compra e instalación de una máquina que condensa la humedad del aire y la transforma en agua. Ahora, los estudiantes del Centro Escolar Juan Antonio Villalobos disponen de agua apta para el consumo humano.
“Ahora los niños adquirirán menos enfermedades”, afirmó Walter Antonio Peña Velásquez, presidente de la Adesco de San Rafael Tasajera. En esta isla, según él, viven 387 familias, unas 1,407 personas, que extraen agua de pozos. Sin embargo, en 2015, un estudio llevado a cabo por la UCA determinó que el agua de esos pozos está contaminada: “Quisiéramos que el Ministerio de Medio Ambiente revisara las fosas sépticas que están construyendo algunas personas que han comprado terrenos y construido aquí en la isla”, agregó el presidente de la Adesco.
Mientras tanto, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático e instancias como el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (Conasav) parecen dar largas a la discusión y aprobación de una Ley General de Aguas que, entre otros puntos, facilitaría que los habitantes de las zonas rurales cuenten con los servicios de saneamiento de los que ahora carecen.
Cinco propuestas de Ley de Agua, con distintos nombres e impulsores, son discutidas por los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Una de las propuestas fue presentada por el Ejecutivo, a través del MARN; otra por el Foro del Agua; una tercera por la Asociación de Regantes; la cuarta por un grupo de diputados y la más reciente por la UCA y la PDDH.
La primera propuesta data de 2012; la segunda y tercera de 2013; la cuarta y la quinta han sido presentadas este año. Cada una es leída artículo por artículo, hasta que los diputados de la comisión llegan a un acuerdo.
Hasta el momento, según un diputado de esa comisión, la lectura ha llegado al artículo 90 de las cinco propuestas y ya hay un acuerdo sobre un tema crucial: la autoridad del agua será autónoma. La composición de la junta directiva de esa autónoma es ahora el punto de discordia.
La propuesta presentada por varios diputados plantea que la junta directiva esté conformada por un presidente, nombrado por el Ejecutivo; dos directores electos por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y dos directores electos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Sin embargo, la propuesta de la PDDH y el Arzobispado, plantea que la junta directiva esté integrada por los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Obras Pública y Salud; además de dos representantes del Consejo Nacional de Aguas y uno de Comures.
John McCormack, técnico en gestión integral del recurso hídrico, considera urgente que se apruebe la Ley de Agua en esta legislatura.
En primer lugar porque el país ha firmado tratados internacionales en los que se compromete a brindar agua potable y saneamiento a la población. Tratados que actualmente incumple.
¿Para qué se necesita la Ley de Agua?
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2015, 86 de cada 100 salvadoreños tienen acceso a agua por cañería a escala nacional. Pero ese indicador es engañoso. El “acceso” al que se refiere no solo incluye la cañería instalada dentro y fuera de una vivienda, sino también el agua que se obtiene: a través de tubería por poliducto, cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo de agua de cañería instalada en la casa del vecino.
“Se necesitan no buenas intenciones, sino buenas inversiones. Todos los recursos del agua deben destinarse al agua”, afirma McCormack, para quien lo más urgente es resolver el tema del saneamiento; no con megaproyectos, sino con saneamiento in situ.
Waldo Jiménez, de la ANEP, advierte que el sector privado necesita que haya “una buena ley que defina reglas claras y transparentes”. En su opinión, mientras se carezca de una ley que regule el sector hídrico “vamos a estar en la incertidumbre y las familias también van a estar en la incertidumbre”.
No obstante, aclara que el gobierno y algunas ong afines a este manejan un discurso falaz: “ (dicen que) cuando haya ley, la gente va a tener agua. Eso es falso. Para que la gente tenga agua en sus casas basta con que ANDA haga bien su trabajo, con que el FISDL coordine con las municipalidades para ayudar a cofinanciar sistemas de agua. Para eso no se necesita ninguna aprobación de ley”.
Jiménez recordó que un millón de salvadoreños carecen de agua potable en sus hogares y para que eso cambie “no se necesita ninguna ley, sino cumplir con las que ya están”.
Para lo que sí hace falta una ley, en sus palabras, “es para dar seguridad jurídica a los diferentes usos y para incentivar que haya agua hoy y mañana para todos”.