Una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sea garante del control de los abusos por parte del poder es lo que está en juego en la elección de cuatro de los cinco magistrados de ese tribunal de justicia en 2018.
Esa es la visión que compartieron ayer la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), quienes han decidido unir esfuerzos para hacer conciencia sobre la importancia de mantener una Sala de lo Constitucional independiente y ajena a los interese políticos.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, aseguró que la CSJ es un poder “sumamente importante para un estado de derecho de carácter democrático”.
“Siempre es importante tener claro cuales deben ser los perfiles que integren este Órgano del Estado”, aseveró.
El presidente de Fusades, Miguel Ángel Simán, compartió esta visión. Agregó que se debe hacer conciencia en la población sobre este tema.
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Ante eso, ambos institutos realizaron ayer un conversatorio sobre la importancia de dibujar el perfil adecuado de los magistrados que asumirán su cargo en 2018.
El evento contó con el aporte de los exmagistrados de la Sala Constitucional, René Hernández Valiente y Enrique Argumedo, además de las exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Margarita Romagoza. Los tres coincidieron en que se requieren magistrados independientes.
“Proceso de elección no debe hacerse en oscurantismo”
La exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Margarita Romagoza, hizo énfasis en la necesidad de que el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente en la Sala de lo Constitucional, debe hacerse de cara a la población, para que conozcan el proceso.
“Estos procesos no deben hacerse en el oscurantismo, sino que debe haber una verdadera ampliación de conocimientos, de los medios de comunicación, del mismo CNJ a través de su propia forma de dar a conocer”, señaló.
Aseguró que este proceso de elección “no solo es para los jueces o para los políticos”, sino que debe involucrar a toda la sociedad salvadoreña. “Todos dependemos de algún momento de situaciones jurídicas o hasta cierto punto políticas que pueden causarnos algún tropiezo”, agregó.
Otro de los puntos señalados por la abogada fue que, para descubrir si un aspirante es una persona honesta, se debe verificar su historial como servidor público.
“Si hemos conocido su actuar y no es un actuar limpio, pues no puede ser magistrado de la Corte, que es la máxima judicatura del país. Esa ponderación debe realmente ser bien hecha por quienes lo tienen que hacer”, manifestó.
Entre los desafíos que a su juicio enfrenta la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y otro magistrado de la Sala de lo Civil, Romagoza señaló que el hecho de que no se nombren los funcionarios a tiempo podría traer problemas.
“Esa es la peor tragedia que podría ocurrir”, aseveró, en vista de que tampoco podrían asumir en el cargo los magistrados suplentes.
Pero, ¿qué hacer?, se pregunta la abogada. Se debe presionar a los legisladores para que la elección se haga a tiempo, y para ello, señaló, es clave el papel que puedan realizar las universidades e instituciones como Fusades y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
“Deberíamos luchar por hacer conciencia en quienes deben elegir”, señaló.