Paralelamente a la reforma previsional, el gobierno también enfrenta la urgencia de que los diputados se pongan de acuerdo y le aprueben un crédito por $260 millones, que serán destinados para pagar pensiones, el subsidio de energía eléctrica y hasta el pago de la deuda pública que mantiene el gobierno, entre otros destinos para ese dinero.
El gobierno del FMLN busca con esos $260 millones, que emitiría con títulos valores, cubrir el “hueco” que dejó en el Presupuesto General de la Nación de 2017, con varios rubros que no contenían sus fuentes de financiamiento, por lo cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo declaró inconstitucional en una sentencia emitida el 26 de julio anterior.
Casi simultáneamente, el gobierno aparte de presentar a los diputados una nueva propuesta de reforma a la Ley de Pensiones, les presento tres proyectos de decreto con los cuales pretende obtener un nuevo crédito por $260 millones, y llevar esos fondos a los rubros que quedaron sin financiamiento en el Presupuesto del 2017.
El primer decreto pide a la Asamblea Legislativa que “autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que emita Títulos Valores de Crédito en Dólares de Los Estados Unidos de América hasta por la suma de Doscientos Sesenta Millones de Dólares de Los Estados Unidos de América (US260,000,000.00), a ser colocados indistintamente en el mercado Nacional o Internacional”, dice el proyecto de decreto que ingresó como pieza 29-A al pleno de la Asamblea Legislativa el 7 de septiembre anterior.
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Argumenta el Ejecutivo que con ese crédito busca cumplir con la sentencia de la Sala que declaró inconstitucional el Presupuesto 2017, y para “financiar los rubros señalados en el fallo en referencia; así como otras obligaciones del Estado, cuyo financiamiento no puede ser atendido con los ingresos ordinarios”.
Seguidamente, el proyecto de decreto desglosa la distribución de los $260 millones de la siguiente manera: -$91,969,357 para el pago de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que vencen en octubre.
Otros $5,302,225 van para un pago inmediato de pensiones a los exmilitares del IPSFA y $34,830,000 para pagar la devolución del IVA a los exportadores. El proyecto de decreto no contempla $40 millones que el gobierno tiene que pagar a los pensionados del ISSS e INPEP.
Otra parte de ese crédito en títulos valores, que busca el gobierno que le aprueben los legisladores, destina $26,267,260 para pagar la devolución de la Renta a los contribuyentes. Además $45,934,306 servirán para que el gobierno pague el subsidio a las familias por el consumo de energía eléctrica. Añade también $55,696,352 para pagar la deuda pública del gobierno, que vence en diciembre, dice el proyecto de decreto .
Reforma al Presupuesto General 2017
El segundo proyecto de decreto está ligado al anterior y es para reformar el Presupuesto General 2017 e introducir esos $260 millones al mismo, “y proporcionar la cobertura presupuestaria respectiva a partidas específicas que se encuentran desfinanciadas”, dice la propuesta de decreto gubernamental.
En el tercer anteproyecto de decreto se pide a los diputados aprobar disposiciones especiales aplicables al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) ”para que pueda emitir otros instrumentos financieros como Certificados Previsionales Complementarios, Bonos FOP, Títulos de Financiamiento Complementario al FOP...”, dice la propuesta del Ejecutivo. “De esta manera, al facultarse la emisión de otros instrumentos financieros, sean títulos o valores, se podrán ampliar las opciones de financiamiento para el pago de obligaciones previsionales y ofrecer este tipo de títulos además a otros inversionistas nacionales o extranjeros...”, dice el anteproyecto de decreto.
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Los tres proyectos de decreto están siendo analizados en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y para su aprobación se necesita mayoría calificada (56 votos ).
Préstamos por vencer
Las urgencias del gobierno en cuanto a dinero no paran, pues busca que la Asamblea le ratifique dos créditos que están próximos a vencer.
El primero es un préstamo por $170 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sistema de salud. El otro es por $100 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para seguridad pública. Ambos requieren de 56 votos.