La Fiscalía de El Salvador "revisará" el papel del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y de otros funcionarios de su gobierno por los beneficios que recibieron las pandillas durante una tregua impulsada por el Ejecutivo, dijo hoy el fiscal general Douglas Meléndez.
Meléndez explicó en rueda de prensa, sin entrar en detalles, que "últimamente" surgieron "nuevos elementos" en la investigación sobre el armisticio y "eso obliga a revisar la actuación de estos funcionarios de alto nivel de entonces".
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El fiscal se refirió al asunto en reacción a las criticas hechas por un juez Especializado de Sentencia al Ministerio Público por no imputar a Funes y al exministro de Seguridad y actual de la Defensa, David Munguía, que la semana pasada absolvió a 18 operadores de la tregua.
El letrado señaló que la Fiscalía tenía que basar su acusación contra los operadores de la tregua en "estándares" sobre "aparatos organizados de poder" dictados por tribunales penales internacionales.
Sostuvo que, según esos "estándares", Munguía era el "responsable" de controlar las irregularidades cometidas en las prisiones porque "invadió" de forma "cancerígena" las funciones de los directores de las prisiones para que los protocolos de seguridad "no se cumplieran".
El juzgador también dejó entrever que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) también tuvo que ser procesado porque fue "responsable solidario" con su ministro de Seguridad al instaurar la tregua como una política de gobierno.
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"Si logramos determinar que (la tregua) sí fue una política de Estado y que se sabía que se iban a cometer delitos, vamos a tener que responsabilizar a estas personas (Funes y Payés)", acotó el fiscal Meléndez.
Además del traslado de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a otras con menor régimen, la Fiscalía señalaba que entre los beneficios que recibieron estas bandas están el ingreso de electrodomésticos, teléfonos y la realización de fiestas nudistas en las cárceles.
Funes, actualmente asilado en Nicaragua, aseguró el 8 de agosto pasado que la tregua se dio a iniciativa de estas estructuras y no de su Gobierno, aunque los mediadores y el propio Munguía sostienen que fue impulsada por su Administración.
Al armisticio se le atribuye una sensible baja en las cifras de homicidios en los años que estuvo en pie, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100,000 habitantes en 2015 y 81,7 en 2016.
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