El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe garantizar que los comicios municipales y legislativos de 2018 sean transparentes, confiables y democráticos, afirmó ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) entre las conclusiones de su informe de coyuntura legal e institucional, correspondiente al primer semestre de 2017.
“Es necesario que no se repitan las irregularidades que se cometieron en las elecciones del año 2015, y por ende, el Tribunal debe brindar confianza que se traduzca en que se respete la voluntad del electorado”, señaló el director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro.
De acuerdo con el analista, el TSE debe ser más riguroso para aplicar los recursos que tiene a su disposición para mayor control de los partidos políticos en su financiamiento y el período de campaña, así como el proceso de conteo de votos preliminar, entre otros puntos.
El informe del tanque de pensamiento también aborda otros temas como la reforma de pensiones, transparencia, combate a la corrupción y la delincuencia, así como las amenazas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En los últimos años, las amenazas a la independencia de la Sala de lo Constitucional han sido constantes y continúan”, señala el informe, el cual pone como ejemplo las sentencias emitidas por el máximo tribunal de justicia en relación al Sitramss y la inhabilitación del magistrado del TSE, Ulises Rivas, por tener vínculos partidarios.
En ese sentido, manifestó preocupación por el documento emitido en la última reunión de los gobiernos de izquierda aglutinados en el Foro de Sao Paulo, donde se planteó como un objetivo de estos países el control de los órganos judiciales.
Por ello, Castro señaló que la elección de cuatro de los cinco magistrados de dicha Sala en 2018 debe tener como principal meta escoger a los mejores abogados, con independencia e idoneidad, pues a su juicio estos nombramientos se vuelven “vitales para la vida democrática” y son parte del “sistema de pesos y contrapesos”.
“Para esta elección, que empezará el proceso pronto, queremos que no vaya a existir retrasos que nos lleven a una situación de acefalía en la justicia constitucional, y por otra parte, se tiene que evitar el control político dedicado a controlar la Sala de lo Constitucional. Por ello es necesario que la elección se haga con transparencia y se tome en cuenta la idoneidad, la capacidad y la independencia de estas personas que integrarán la Sala de lo Constitucional”, afirmó Castro.
En materia de transparencia sostuvieron que, si bien se registran avances, todavía hay funcionarios e instituciones que se resisten a dar información y que no están dispuestos a la contraloría pública.
En este sentido, señalaron que ha habido falta de cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena a los partidos políticos revelar los nombres de sus donantes privados, incluyendo la decisión del pleno de la CSJ que declaró reservada la información sobre investigaciones que realiza la Sección de Probidad de ese órgano de justicia.
Ante esto, Castro consideró que es fundamental fortalecer el combate a la corrupción en todos los niveles. “Es fundamental fortalecer la lucha contra la corrupción. La corrupción mina la democracia, la corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado y se pierden recursos que dejan de llegar a los más necesitados”, acotó.
Y esto pasa, dijo, por elegir a los mejores perfiles para la Corte de Cuentas de la República, lo que permitirá “que los avances que ha habido se consoliden”.
Otro aspecto en relación con la lucha contra la corrupción es la libertad de expresión, la que a juicio de Fusades ha tenido algunas amenazas que ya se han hecho notar por parte de la comunidad internacional.
En este sentido mencionaron el cierre del programa “Así estamos”, dirigido por Rafael Domínguez y transmitido en canal 8, quien denunció que dicho espacio había sido sometido a censura.
“Debe garantizarse la libertad de expresión. Vemos amenazas y riesgos. Tenemos que cuidar nuestra libertad de expresión porque es uno de los pilares donde se sustenta la democracia en El Salvador”, agregó Castro.
Pensiones y seguridad
En materia de pensiones, Fusades considera en su estudio que las propuestas que el gobierno ha hecho en esta materia representan un peligro para los fondos de los cotizantes, y aseguró que se debe buscar una alternativa en la que los ahorrantes tengan un mejor retiro. “Con el dinero de los cotizantes no se juega”, sentenció.
“Es totalmente irresponsable modificar una legislación que está directamente relacionada con el derecho de pensión de los trabajadores, sin que se fundamente en un estudio serio y ampliamente consultado, abusando del mecanismo de dispensa de trámites”, refiere el documento.
El abogado se refirió a la reforma aprobada por la Asamblea que eleva de 45% a 50% el monto máximo que las Administradoras de Fondos de Pensiones pueden pagar por los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
En materia de seguridad, el tanque de pensamiento advierte que existen todavía varios desafíos, además de la reducción de homicidios y las extorsiones: la actuación de las instituciones de seguridad y el respeto a derechos fundamentales, en casos de procedimientos extrajudiciales.
Agregó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió en un reporte reciente que entre los principales problemas del estado de Derecho que identifica en el país están la “inseguridad ciudadana, los desplazamientos forzados por la violencia, los abusos de derechos por parte de las autoridades de seguridad y la contribución de la violencia al deterioro de la economía”.