Una denuncia por extorsión que puso una empresa comercial en la Fiscalía General en septiembre de 2014, llevó a las autoridades a girar 19 órdenes de capturas, entre ellas una contra Raúl Mijango -exdiputado del FMLN y exmediador de la tregua entre pandillas- y otra contra Rubén Rosa Lovo, (a) “Chivo centrales”, cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS).
El monto que las autoridades estiman que la compañía le ha pagado a la pandilla 18 y a la MS tras la gestión de Mijango, sobrepasa los $500 mil, desde 2010 a la fecha.
Por esta razón, Mijango está desde ayer bajo custodia policial en un hospital del Seguro Social donde fue ingresado la semana pasada, tras presentar complicaciones de salud durante el juicio contra él y otras 17 personas por el caso tregua.
El fallo del Juzgado Especializado de Sentencia por ese caso se conocerá el 29 de agosto.
Mientras que las autoridades informaron que Rosa Lovo, quien gozaba de libertad condicional por un proceso en el que se le acusó de organizaciones terroristas, fue arrestado en San Salvador.
Por este caso también serán procesados Rafael Jordán, William López, Marcelino Guillén, todos de la pandilla 18 sureños. Además, César Renderos, Carlos Mejía, Luis Velásquez, Nelson Carrillo, José Alvarado y Julio Reyes. Todos de la 18 revolucionarios. Y Daniel Ramos y José Mejía, miembros de la MS.
En una conferencia, el director de Unidades Especializadas del Ministerio Público, Allan Hernández, y el jefe de la Unidad Antiextorsiones, Alfredo Quijano, no revelaron el nombre de la compañía, solo dijeron que se dedica a la distribución de diferentes productos a nivel nacional y empezó a ser extorsionada por pandilleros desde 2010.
Simultáneamente, añadieron, sus empleados empezaron a ser víctimas de los delincuentes, quienes también causaron daños a algunos bienes de la empresa.
Entre ese año y el 2012, las entregas de dinero que debían hacer a los delincuentes variaban de entre 75 y 175 dólares diarios, dependiendo de los lugares a donde los empleados llegaban a repartir la mercadería.
Los denunciantes manifestaron a las autoridades que las pérdidas ascendían a unos 15 mil dólares mensuales aproximadamente.
Mercadería por dinero
En octubre de 2012, a siete meses de que las pandillas hubieran acordado una tregua, Mijango, con “el poder” que le confirió ese pacto, convocó a una reunión a representantes de la empresa y a ocho cabecillas de las dos pandillas para proponerles una modificación en la forma en la que estaban pagando la extorsión.
Según Quijano, la primera expresión que Mijango habría dirigido a las víctimas en ese encuentro fue: “Aquí no se trata de quitar nigua extorsión, se trata de ver de qué forma salen gananciosas las pandillas y la empresa”.
Por eso les propuso a las víctimas que para evitar hacer pagos en efectivo “de forma desordenada” a las fracciones de la pandilla 18 y a la MS, mejor empezaran a entregar cada mes mercadería valorada en 6 mil dólares, para que los delincuentes se la repartieran y pudieran comercializarla en sus propios establecimientos.
Para poder justificar ante las autoridades la tenencia de esa mercadería, Mijango advirtió a los afectados que también debían entregarles facturas.
“Las facturas reflejan que son en concepto de renta, así constan en el expediente”, señaló Hernández.
Un testigo criteriado de la Fiscalía (clave Toreto) reveló que la referida reunión fue realizada en la oficina en la colonia Escalón que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) le facilitó a Mijango para planificar el “proceso de pacificación”, avalado por el Gobierno de Mauricio Funes.
Tras escuchar el ofrecimiento, los delegados de la empresa debieron decidir si aceptaban; mientras que los pandilleros se comunicaron con los jefes de las estructuras que están presos para pedirles su autorización.
Los cabecillas de ambas pandillas dieron el aval, luego de que Mijango les explicara que al recibir productos en vez de dinero podían crear sus propios negocios.
Esto también les permitiría emplear a sus parientes o a otros pandilleros. Además, les haría correr menos riesgo en las calles de ser sorprendidos por las autoridades cobrando el dinero de la extorsión.
La compañía y las pandillas accedieron. La entrega de los productos se hizo entre 2013 y mediados de 2014.
Hernández y Quijano sostuvieron que las acusaciones contra Mijango son “certeras”, pues en la investigación se allanó un local en Soyapango que servía como bodega para almacenar los productos que les daba la empresa.
El encargado del establecimiento declaró a los investigadores que participaron en el procedimiento que Mijango era el propietario de la mercadería, versión que después fue confirmada a las autoridades por el mismo Mijango.
Pero desde junio de 2014, a los delincuentes dejó de parecerles poco rentable recibir los productos de parte de la empresa, por lo que le ordenaron que les empezara a entregara los $6 mil a través de cheques, que debían ser emitidos a diferentes personas.
Estas se encargarían de cobrarlos y luego repartirían el dinero entre los integrantes de la estructura. Los fiscales manifestaron que así se ha estado haciendo la entrega de la extorsión hasta la fecha.
El Ministerio Público informó que hasta diciembre de 2013, la empresa afectada estuvo pagando unos 15 mil dólares mensuales. Luego entregó más de $100 mil en productos y después emitió más de $220 mil en cheques.
Maras se convierten en “empresas criminales”
Las autoridades señalaron que las investigaciones han arrojado que pandilleros involucrados en la extorsión a esta empresa, también estaban ligados a las estructuras desarticuladas el año pasado durante la Operación Jaque y que también participaron en la tregua.
Para el director de las Unidades Especializadas de la Fiscalía esto demuestra que las pandillas pasaron de ser “simples delincuentes” y llegaron a convertirse en “una empresa criminal”, a quienes la tregua les permitió beneficiarse.
El fiscal explicó que a través de intervenciones de llamadas que se realizaron en la “Operación Jaque” se pudo concluir que el dinero que le cobraban a la empresa era para el pago de abogados.
Los delegados del Ministerio Público explicaron que cualquier persona que imponga el pago de la extorsión, que amenace para exigir dinero o explique los beneficios que se tendrían al pagarlo, “es un extorsionista”.
En ese sentido, Allan Hernández no dudó en decir que Mijango “no es un mediador de la extorsión”, sino “un extorsionista”.
Hernández criticó que la tregua haya sido institucionalizada, ya que el Gobierno, a través de la OIE, le pagó a Mijango una casa para que pudiera llevar adelante reuniones con fines delictivos.
“Es absurdo pensar que estamos en una circunstancia donde una política de Gobierno permitió que esto ocurriera; o que esto estuvo bien. Que la empresa ganó porque pagó menos, cuando nunca debió pagar nada”, criticó.