El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) acordó ayer multar con $9,696 al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, y al gerente general de la institución, Emérito De Jesús Velásquez, por autorizar el gasto de al menos $200 mil en licores, alimentos y otras bebidas entre junio de 2014 y marzo de 2016.
Asimismo, el Tribunal aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que Vanegas y Velásquez autorizaron entre 2014 y 2016 “erogaciones para compra de alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco”.
En el caso de Velásquez, el TEG sostuvo que autorizó fiestas del “Día de la Secretaria” y el “Día de la Familia” en 2015, ademas de “cenas navideñas para los empleados”.
Las multas, explicó la institución, son las más altas que permite imponer la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que corresponden a 40 salarios mínimos.
También sostuvo que la sanción impuesta a ambos funcionarios fue por “transgredir el deber ético regulado en artículo 5 letra a) de la (LEG).
Este apartado señala que entre los deberes éticos de los funcionarios está “utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados”.
Antecedentes
En junio de 2016, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra la CEPA por la compra “alimentos y recepción de inversionistas”, luego de una publicación de La Prensa Gráfica basada en datos solicitados por medio de la Unidad de Acceso a la Información de Pública de dicha autónoma.
De los más de $200 mil en gastos, al menos $5,000 fueron para comprar bebidas alcohólicas, según la información.
En su momento, luego de declarar ante la Fiscalía, el titular de la CEPA intentó minimizar los gastos argumentando que se estaba “dimensionando una cosa pequeña, enormemente”.
Asimismo, dijo que no era una “mal gasto”, ya que se trataba de unas “500 capacitaciones y desarrollo de las capacidades para nuestra gente”.
Vanegas también señaló en su momento que los gastos en bebidas, alimentos y recepciones representaban el 15 por ciento de lo gastos totales de la autónoma, y que la compra de licores solo era el 0.003 por ciento.
Luego de conocerse la publicación sobre los polémicos gastos en CEPA, la gerencia general, encabezada por Velásquez, decidió que toda la información pública solicitada debía pasar antes a revisión de este.
Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que se revirtiera dicha medida y que cesara todas las acciones que limitaran el trabajo de la oficial de información, Jayme Jannice Magaña, en un plazo máximo de cinco días hábiles, lo cual fue acatado por CEPA.