Pese al escepticismo y la desesperación, los excombatientes de la Fuerza Armada y el FMLN dieron el beneficio de la duda a la mediación de
la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, en su lucha contra el Gobierno para que cumpla los beneficios que, dicen, les corresponde.
Tras casi tres horas de discutir las razones que los llevaron a protestar en las calles, las
partes involucradas, incluyendo el ministro de Gobernación, Arístides Valencia y Marcelo Cruz, presidente de la Comisión para beneficios de veteranos de guerra,
se levantaron con acuerdos en común que dieron aires de esperanza a la lucha de los manifestantes.
Uno es que el ministro de Gobernación se comprometió a gestionar, vía Asamblea Legislativa, 120 millones de dólares dentro del presupuesto general de 2018,
para honrar las pensiones de 78 mil veteranos y excombatientes de guerra del FMLN.
Por ley corresponde a militares y exguerrilleros una pensión de
300 dólares mensuales, una indemnización de 3 mil dólares en tres pagos de mil por año, obligaciones para las cuales no hay fondos disponibles.
Y es que en el presupuesto de 2017, los diputados solo aprobaron 6 millones para este rubro, los cuales son insuficientes.
Ante esa situación Valencia se comprometió a gestionar los recursos necesarios con apoyo de los diputados.
“Es realmente imperdonable que, a 25 años de la Firma de la Paz, no se haya dado estas prestaciones a los veteranos de guerra”, reflexionó Caballero. El ministro de Gobernación afirmó que en la mesa de diálogo van a construir la solución del problema.
A parte de esa promesa, el titular de Gobernación ofreció su apoyo para incrementar el proceso de carnetización de los veteranos
censados.
Y se comprometió a hacer todas las gestiones para incluirlos a un
sistema especial de pensiones. Entre tanto, los veteranos acordaron abandonar las medidas de presión como cierres de carreteras, quemar llantas en sitios públicos como el monumento al Salvador del Mundo y otras protestas, mientras se desarrollan las acciones tendientes a cumplirles sus derechos.
La procuradora Caballero también ofreció estar vigilante
en el cumplimiento de los acuerdos, entre ellos el pago de la indemnización.
Para verificar el avance de las gestiones de los acuerdos se harán reuniones cada dos meses, la primera será el 26 de septiembre.
Minutos antes de la reunión con la procuradora y las autoridades, los veteranos estaban enardecidos y lanzaban una serie de improperios contra el Gobierno por incumplir la Ley que los respalda.
Frente a las instalaciones de la PDDH, los excombatientes afirmaban que, si no les cumplen, boicotearían las elecciones municipales y para diputados en 2018.
Julio Tobar, uno de los dirigentes, antes de ingresar a la reunión con la procuradora, afirmó que si en la mesa de negociación no habían buenos frutos, incrementarían las medidas de presión, que implicarían hasta cierres de fronteras.
“Estas son el principio de las actividades que los veteranos de la Fuerza Armada pensamos hacer en contra del profesor Salvador Sánchez Cerén”, dijo Tobar. La propuesta de la procuradora, a petición del ministro Valencia, disuadió a los manifestantes de cerrar calles de acceso a la capital.