El aplazamiento del juicio que se sigue contra cinco imputados en el caso de los ciberataques al sitio web de La Prensa Gráfica (LPG) fue considerado por su apoderado legal, Arístides Perla como un fraude de Ley.
Aunque las partes (abogados defensores, acusadores particulares y fiscales) fueron notificados con anticipación del juicio, los defensores esperaron hasta este lunes para (en el inicio del juicio) informar al tribunal que tres de los cinco imputados habían cambiado a sus abogados que por casi dos años, los habían representado.
“Lo que sucedió hoy (ayer)es que entre los mismos abogados se sustituyeron para crear justamente el ambiente de una desprotección total de las garantías constitucionales”, interpretó el abogado de La Prensa Gráfica.
De ese manera, la audiencia que estaba programada para las 9:30 de la mañana del lunes, se instaló casi tres horas después a las 12:06, solo para que Andrés Ricardo Ortiz Lara, José Carlos Navarro Martínez, tres de los cinco acusados dijeran al tribunal que habían decidido sustituir a los abogados que los habían defendido a ese nivel del proceso.
Los tres, al igual que Mayra Morán Lemus y Sofía Medina Pérez son procesados por los delitos violación de distintivos comerciales, violación de derechos de autor y derechos conexos en perjuicio de Dutriz Hermanos S.A. de C.V., falsedad material en perjuicio de la fe pública y agrupaciones Ilícitas.
Tras ser reconocidos, los nuevos abogados dijeron a los jueces que no estaban preparados para que se instalara el juicio este lunes.
Explicaron al tribunal que para ejercer una legítima defensa de sus clientes necesitaban documentarse y conocer el caso, lo que requería suficiente tiempo. Eso implicaba, dijeron los abogados ir al tribunal al menos cinco veces.
De la misma forma respondieron los demás defensores en torno a la necesidad de aplazar la realización del juicio.
Pero esa no era la única sorpresa que los tres jueces del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla se llevaron ayer, recibieron un recurso presentado por la abogada Bertha de León, en la que solicita a los jueves revoquen la decisión que días antes tomaron, al rechazar los peritajes de un experto mexicano que habían propuesto.
La abogada de León, demandó de los jueces que el escrito fuera resuelto no de forma oral como suele suceder, sino de manera escrita.
Además dejó claro que en caso que la solicitud tuviera respuesta positiva, el tribunal debía conceder un plazo prudencial para mandar a traer al especialista mexicano. Pese a que ese perito ya había sido excluido del proceso.
Por lo que también por esa razón el juicio no pudo realizarse.
El juez presidente del tribunal advirtió a los nuevos defensores, las responsabilidades legales que tienen en caso vuelvan a hacer lo mismo, de sustituirse a última hora.
Les advirtió que tienen que actuar conforme al principio de lealtad entre las partes y que si no lo hacen, pueden ser sometidos a sanciones administrativas. La razón es que para programar ese juicio los llevó a realizar una serie de ajustes como suspender 36 audiencias esta semana.
“Este es uno de los tribunales con una gran carga de procesos” dijo el juez presidente. Añadió que no podían darse el lujo de estar aplazando audiencias.
Tras reunirse los tres jueces para resolver los inconvenientes expuestos por los defensores, éstos acordaron reprogramar el juicio y lo fijaron del 18 al 22 de septiembre.
“Ese 18 de septiembre van a volver a nombrar a los mismos defensores que los defendían. Lo que sucedió hoy que sustituyeron a dos de los abogados que los representaron estos dos años, no era más que lograr este salto de la justicia”, interpretó el abogado Perla.
Sin embargo, el apoderado de La Prensa Gráfica, dijo que no importa cuando sea, a dos meses más de retraso, pero al igual que en este tiempo atrás se ha esperado, lo seguirán haciendo en estos dos meses que se retrasará el juicio.
“Durante este tiempo nos hemos preparado muchísimo, tenemos gran cantidad de pruebas, todas las pericias y los peritos preparados, así como los testigos mientras el tribunal y el sistema toda la logística para realizar el juicio”, dijo Perla.
Pero por causa externa imputada a los defensores quienes incumpliendo el principio de lealtad y que debe existir entre las partes intervinientes se ha vuelto a reprogramar.
La fiscal del caso Karla Ponce, reclamó que la audiencia había sido anunciada con antelación para que los nuevos defensores conocieran el expediente para comprenderlo y tener conocimiento de cada una de las pruebas propuestas para el juicio.
“Para la Fiscalía al igual que el Tribunal este aplazamiento se considera un desgaste para el sistema, porque el tribunal ha dicho que ha reprogramado 36 audiencias para poder llevar a cabo este juicio”.
“Eso significa que hay 36 procesos penales que han tenido que esperar que esto se lleve a cabo a efecto de tener decisión de fondo”, afirmó.
Agregó que la defensa ha dilatado todo el proceso con la presentación de múltiples escritos y reiteraciones en sus peticiones si mayor fundamento.
“Es decepcionante porque se ha preparado el Tribunal como la Fiscalía para el juicio”, lamentó la fiscal.
“Si los imputados exigen justicia sus defensores deberían proponerse conocer el proceso y no esperar el día para mover a los abogados de manera estratégica como se hizo”, dijo la fiscal.
La abogada de León, dijo que la solicitud de aplazamiento del juicio se justificaba pues son más diez mil folios (páginas) distribuidos en 200 documentos que los nuevos abogados deberán leer para participar en el juicio.
En este caso, la Fiscalía ha propuesto cinco documentos, cuatro testigos y cinco peritos que darán fe a la investigación del Ministerio Público y del abogado de LPG.
Según Perla, los sospechosos alteraron en dos ocasiones (el 8 y el 22 de julio de 2016) las publicaciones de LPG en su sitio web, agregando información falso para confundir a los lectores y provocar desprestigio y falta de credibilidad en el medio.
En el juicio se probará, dijo Perla, que para cometer este ilícito, dos de los imputados compraron los sitios web en servidores de Estados Unidos con tarjetas de crédito, todo eso ha constituido pruebas.
Además hay computadoras y celulares en el que se recogen las conversaciones con las que se planeaban los ilícitos.