La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentaron al Legislativo una nueva propuesta de ley en la que plantea que el Estado debe ser el ente rector para la administración y regulación del agua, y no el sector privado.
“Nuestra posición es que si es un derecho humano el agua y si el agua es un bien público, entonces a quien le corresponde, según la Constitución, es al Estado velar por ese derecho, velar por el cuidado de ese recurso natural y de ese bien público”, afirmó el rector de la UCA, Andreu Oliva, a los medios de prensa.
La propuesta que llevaron ayer al Congreso el rector de la UCA y la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, pretende, según dijeron, sacar del impasse que existe en la Asamblea Legislativa por la propuesta del FMLN denominada Ley General del Agua y la que presentaron recientemente los partidos de oposición, denominada Ley Integral del Agua.
Esta última propuesta plantea la creación de un ente rector integrado por cinco personas y en el cual el sector privado tenga dos representantes, lo cual es adversado por el FMLN, que asegura que con ese proyecto se busca “desmantelar” a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la privatización del agua, lo cual es rechazado tajantemente por diputados de ARENA.
Precisamente la propuesta presentada ayer en el Congreso por la UCA y la PDDH establece que en el ente rector que administrará el uso del recurso hídrico no deberá participar el sector privado.
“El ente rector que nosotros proponemos tiene como nombre Autoridad Nacional del Agua y es la autoridad que está constituida por los distintos actores estatales que tienen que ver con la utilización del agua”, manifestó Andreu Oliva.
Añadió que el Ministerio del Ambiente presidiría esa entidad estatal en la que también participarían el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local, (FISDL), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre otras instituciones del Estado.
Y ANDA, ¿cómo queda?
De acuerdo al rector de la UCA, con su propuesta ANDAno desaparece sino que juega un rol menos protagónico dentro del ente rector.
“ANDAparticipa de la Autoridad Nacional del Agua como un ente más, no es el ente rector”, explicó Oliva.
“El análisis que hacemos es precisamente para salir de esta situación (de impasse), que se resuelva de una vez por todas y que la comisión de Medio Ambiente tome en cuenta la posición de la sociedad civil y tome en cuenta la propuesta que es la presentación de un ente rector, que debe ser público con el asesoramiento de entes privados”.
Precisamente la iniciativa presentada por el partido FMLN plantea que el es el titular del MARN el que tendrá la presidencia del ente rector del agua.
Ese punto también ha sido adversado por los diputados de ARENA, y es lo que ha llevado al impasse para que salga un dictamen favorable dentro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea.
La propuesta de Ley Integral del Agua que respaldan ARENA, GANA, PDC y PCN , propone que el ente rector esté integrado por cinco personas: dos representantes del sector privado, uno del sector estatal y dos miembros de las alcaldías, específicamente de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures).
Pero está última representación también es rechazada por la UCA y la PDDH.
“Hemos analizado esta situación y creemos que Comures no puede ser porque todavía hay conflictos entre Comures y las diferentes comunidades porque hay sectores, hay comunidades que tienen hasta 30 años de estar trabajando en torno a este tema; entonces, creemos que no es sabio, no es conveniente que se involucre a Comures”, externó la procuradora de Derechos Humanos.
Ahora bien, aparte del ente rector se crearía un consejo asesor integrado por 13 personas en el que sí tendría participación el sector privado, pero también habría representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunales y las municipalidades, explicaron el rector de la UCA y la Procuradora.