Parker urge a diputados aprobar reforma de pensiones

El legislador recalcó a los diputados que hay un inminente pago de deuda que se acerca, mientras que el Gobierno no tiene dinero para pagarla.

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Por Karen Molina

13 June 2017

Ante el inminente pago de otros $41.7 millones de deuda previsional que el Gobierno debe cancelar el próximo 7 de julio, el diputado del PDC, Rodolfo Parker urgió ayer a sus demás colegas de la Comisión de Hacienda que aprueben, cuanto antes, la propuesta de reforma de pensiones que presentó la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) en febrero.

Según Parker, la propuesta de reestructuración de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que la ICP plantea en su proyecto es una alternativa para no cancelar, inmediatamente, los $41.7 millones ni los otros $81.7 millones que también se deben pagar en octubre de este año; con lo cual la deuda quedaría prorrogada para comenzar a pagarse en 2021 o 2022.

Parker les hizo ver que esta deuda no solo debe cancelarse este año. Por los próximos cinco años, el Gobierno también debe hacer abonos de capital e intereses de hasta $1,600 millones anuales.

Además, no solo es la deuda de pensiones: en septiembre y diciembre de este año debe pagarse $142.2 millones de Letras del Tesoro (Letes) a Bolivia y también debe cancelarse otros $154 millones en otros Letes.

En total son $433.7 millones los que tiene que pagar, sin contar con otros $292 millones que debe a los bancos e inversionistas locales.

“La situación fiscal de corto y mediano plazo es complicada, con vencimientos importantes de deuda en los próximos cinco años. El Salvador no puede permitirse un nuevo impago”, señala el documento que presentó a sus otros colegas en una reunión privada realizada en las instalaciones del Banco Central de Reserva.

La propuesta de Parker para no caer en impago, pero tampoco ahogarse con pagos para los que no se tiene dinero inmediato, es aprobar el proyecto de la ICP y luego reformarla.

“Aprobar de manera inmediata la propuesta de ICP y modificarla para que la reestructuración se realice antes de que deba realizarse el pago programado para julio de este año. De esta forma no se pagaría ni capital ni intereses en lo que resta de 2017”, indica la propuesta que elaboró Parker.

Para retrasar estos pagos la propuesta de la ICP plantea hacer una reestructuración de los Certificados de Inversión Previsional A y B, y alargarlos a plazos de 25 y 30 años con 5 años de gracia.

Los CIP A son certificados que el Gobierno ofrece a los cotizantes de las AFP a cambio de dinero para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS e INPEP.

Los CIP B son los que se emiten para pagar los Certificados de Traspaso o complemento del dinero de los que cotizaron en el ISSS e INPEP, pero se trasladaron a la AFP.

El Gobierno también destina otros pagos para los beneficiarios del Decreto 100 que tiene pensión vitalicia, así como los que reciben pensión mínima que se vuelve un gasto de más de $700 millones anuales. La propuesta de la ICP es que todos esos gastos se unan en uno solo a un mayor plazo. En palabras sencillas es como una consolidación de todas las deudas de tarjetas de crédito, préstamos con casas comerciales y otros, en un solo crédito a un plazo más largo.

El ICP propone, además, que los nuevos Certificados que se emitan de ahora en adelante tengan un plazo de 50 años con 5 años de gracia.

“Esta propuesta le da un respiro al Gobierno y le ordena sus finanzas”, dijo en su momento René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y parte de la ICP.

La ICP estima que con esta reestructuración el Gobierno tendría un ahorro de $10,000 millones y ordenaría sus finanzas.

En cuanto al Decreto 100, Parker propuso que los que ya están dentro de este beneficio de pensión vitalicia, se les racionalicen esos beneficio, pero se les compense con el aumento en la cotización solidaria de 3% para los nuevos y de 10% para los ya se encuentran pensionados.

Advierte del peligro de impago

La mayor preocupación de Parker es que, ante un escenario sin soluciones concretas, el Gobierno caiga nuevamente en un impago de sus obligaciones, como ya ocurrió en abril pasado.

Ese mes solo tenía que pagar $56 millones en concepto de capital e intereses a los cotizantes de las AFP. Pero aunque el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, decía tener el dinero disponible, prefirió no pagarlos hasta pasados 20 días después del plazo.

Como consecuencia, dos calificadoras de riesgo estadounidenses declararon en “default selectivo” al país y otra lo dejó en CCC, la nota más baja antes de llegar a un impago total de sus compromisos.

Este antecedente no solo puso al país en la lista negra de los menos confiables para pagar sus deudas, sino que además le ha traído consecuencias financieras que lo inhiben de acudir a los mercados internacionales a prestar dinero.

Ya con eso, el Gobierno tiene un camino empedrado para conseguir financiamiento para sus proyectos, sobre todo porque su presupuesto de este año está desfinanciado en más de $800 millones, según cálculos de organismos como Fusades y Funde.

Otras propuestas que pueden hacerse ya

Además de la reestructuración de CIP , Parker les recordó que también se puede definir ya la comisión de las AFP, y legislar sobre la inversión de los ahorros de las pensiones para que éstos sean invertidos prioritariamente en proyectos productivos que le den más rentabilidad al fondo.

Actualmente el fondo de pensiones supera los $9,700 millones de los cuales el 60 % está invertido en CIP, que pagan apenas una tasa de interés promedio de 2.3 %, que no le permite a los trabajadores asegurarse una mejor pensión en el futuro.

El Gobierno y el FMLN, mientras tanto, siguen con la idea de aprobar un sistema mixto en el que la mitad de esos $9,700 millones pasarían a manos del Estado para que éste lo administre.

Esta propuesta ya fue sometida a votación en la Asamblea Legislativa el año pasado y no obtuvo los votos necesarios para aprobarla.

Desde ahí el Gobierno ha insistido en aprobarlo de distintas maneras. Aún hoy, en medio de una discusión sobre las diferentes opciones de reforma, el Gobierno ha desviado la atención sobre el techo de la inversión de CIP del 45 % al 50 %. Solo con esta reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el Gobierno podría tomar prestado $500 millones adicionales a las AFP.