El exdirector de Centros Penales Rodil Hernández y su antecesor Nelson Rauda seguirán siendo procesados en libertad por el supuesto desvío de 5 millones 660 mil dólares de las tiendas de las penitenciarías para financiar el proceso de la tregua entre las pandillas.
El Juzgado Cuarto de Paz ordenó que Hernández y Rauda tendrán que presentarse cada ocho días al Juzgado Cuarto de Instrucción, no deberán de salir del país ni tampoco cambiarse de domicilio.
Antes de dar su resolución, la jueza Cuarto de Paz advirtió a los fiscales que “hubiese esperado un señalamiento más específico con respecto a cada uno de los dos tipos penales por los que son acusados (Hernández y Rauda)”.
“Ha sido una acusación bastante vaga, muy, muy vaga”, advirtió la jueza a los fiscales.
También cuestionó el hecho de que no hayan hecho relación al monto de la supuesta administración fraudulenta por los que son acusados Hernández y Rauda.
Policía detiene a director de Centros Penales, Rodil Hernández
De acuerdo con el documento de acusación, en mayo de 2014 el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, prohibió la erogación de fondos en concepto de pagos de inteligencia.
No obstante, según Fiscalía, Rauda ordenó en su administración a José Rafael Juárez, quien era coordinador de las tiendas institucionales, que los fondos fueran emitidos a nombre del inspector general de Centros Penales, Anilber Eduviges Rodríguez Villedas, indicando que este se limitara a firmar o endosar cheques para que luego regresaran Juárez.
Y que él, por su parte, fuese a cambiarlos al banco y entregara el dinero en efectivo a Munguía Payés, que se desempeñaba como ministro de Justicia y Seguridad.
El Ministerio Público sostiene que Munguía Payés conocía de esas irregularidades y aceptó, incluso, dinero mensual proveniente de las tiendas de los penales.
Rodil Hernández habría seguido la misma práctica. Fiscalía manifiesta en su requerimiento que instruyó en Centros Penales que fueran emitidos cheques a nombre de Rodríguez Villeda y a nombre de José Luis Rodríguez, subdirector técnico de la institución, para pagos en concepto de inteligencia.
Sobre ello, Juárez y Hernández dijeron que el dinero era entregado en efectivo a los titulares de Justicia y Seguridad que han fungido desde 2011 hasta la actualidad.
Abogada cuestiona la acusación de Fiscalía “Ni siquiera queda claro el monto que le está reprochando (a Rodil Hernández) que mal administro. En conferencia de prensa hablan de 5 millones, en el requerimiento no pasa de 120 mil dólares, y eso no significa que se haya cometido administración fraudaulenta”, señaló Bertha Deleón, una de sus defensoras.
La carencia de ese dato fue cuestionado antes y en el desarrollo de la audiencia por Deleón, quien criticó que la investigación de la Fiscalía no era “seria” porque el requerimiento tiene una “pésima redacción”, y que esta giró la orden de captura contra su cliente sin tener pruebas.
Rodil Hernández: Se perdió el control de Centros Penales
Manifestó que también ha existido mal procedimiento porque la investigación viene desde hace tiempos y que para Rauda estaba por prescribir la acción penal para el delito de actos arbitrarios.
Además, Deleón alegó que los cuadros que la institución presentó el miércoles pasado en la conferencia de prensa fueron obtenidos de información que Hernández les brindó en el marco de la investigación.
Tras conocerse la resolución, Rodil Hernández dijo que consultará al ministro de Justicia Mauricio Ramírez Landaverde si seguirá o no al frente de Centros Penales.