El tono de los ataques desde el Gobierno, funcionarios y el FMLN a la Sala de lo Constitucional ha ido en aumento en estos tres primeros años de Salvador Sánchez Cerén.
A lo largo de estos años, diferentes fallos del máximo tribunal han puesto en posición de batalla al Ejecutivo, y la tensión no ha hecho más que acumularse.
El último episodio que ha provocado la furia del Ejecutivo ha sido la resolución emitida por los magistrados que consiste en abrir al público el carril exclusivo del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Sitramss, mientras el tribunal estudia la constitucionalidad del proyecto, el cual entrega una parte de una vía a un privado, pero sin mediar una concesión mediante la Asamblea Legislativa como ordena la Constitución.
Magistrado prevé más ataques por resoluciones de Sala de lo Constitucional
Esta disposición fue duramente criticada por el presidente y provocó airadas reacciones de sus ministros y de diputados del FMLN, quienes inclusive sugirieron a los automovilistas no acatar la medida. El partido oficial incluso ha llamado a su militancia a presionar a los magistrados y prueba del alto voltaje de las protestas ha sido el hecho de que un grupo manifestantes, afines al FMLN, zarandearon el portón de la Corte Suprema de Justicia.
Pero la escalada sigue: la diputada oficialista Jackeline Rivera respaldó hace unos días una propuesta de un grupo afín al partido, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju) la cual presentó una pieza de correspondencia en la que piden crear una “comisión especial para recomendar la destitución inmediata” de cuatro magistrados de la Sala.
Prácticamente, el máximo tribunal ha servido de valladar contra muchas medidas tomadas por el Ejecutivo sin tomar en cuenta a otros sectores, valiéndose de maniobras políticas duramente criticadas por amplios sectores como tanques de pensamiento, gremiales sindicales, empresariales y la misma oposición política.
Diputada del FMLN defiende protestas agresivas contra magistrados
Uno de ellos fue la maniobra de usar dinero del fideicomiso de pensiones para pagar una deuda con ese mismo fideicomiso, que por una medida cautelar no puede utilizarse mientras se estudia su legalidad o la aprobación de los $900 millones en bonos para pagar gasto corriente y cuyo mecanismo de aprobación en la Asamblea, usando un diputado suplente, ha derivado en el hecho de que en el futuro los suplentes legislativos deberán también ser electos por su nombre en la papeleta.
Van por el IAIP
Si durante el primer año del gobierno los ataques verbales del presidente se enfocaron en los cuatro magistrados de la Sala: Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez, en estos meses, diferentes sectores de la sociedad como Fusades y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información han denunciado, además de esos ataques al máximo tribunal, los intentos del Gobierno de querer ocupar el Instituto de Acceso a la Información, quien ha emitido fallos que han sido igualmente criticados por el oficialismo.
Uno de los más recientes es el que obligaba a la Presidencia a revelar la información de los viajes al exterior de Mauricio Funes, información que había sido declarada reservada por Casa Presidencial.
Fusades pide cesar las amenazas al tribunal constitucional
El grupo promotor ha denunciado que el Ejecutivo modificó el artículo 70 del reglamento de la LAIP para que el representante legal de la institución proponente votara de forma directa, y sin intermediarios, y esto habría limitado la participación de un delegado jurídico. De esta forma, la ternas habrían surgido de miembros afines al FMLN.
Algo similar ocurrió el año pasado, cuando el Gobierno le dio largas al aval a la propuesta de aumento al salario mínimo que envió en consenso el Consejo Nacional del Salario Mínimo, de tal forma que venció su plazo y luego eligió un nuevo Consejo con representantes sindicalistas afines al FMLN que aprobaron un incremento que, a juicio de las gremiales empresariales, estaba fuera de nuestra realidad productiva y golpeaba a los sectores más pequeños, pues para cubrir ese incremento debían prescindir de personal.
Incierto Rumbo de País
Y los sondeos de opinión no hacen más que confirmar las dudas de la población sobre el rumbo que lleva la nación.
El sondeo de Predictvia para El Diario de Hoy de principios de abril, indica que pasada más de la mitad de gestión de Sánchez Cerén, el 52.5 % considera que la situación actual es “muy mala”; mientras tanto, el sondeo de LPG Datos publicado ayer manifiesta que el 34.3 % “desaprueba mucho” la gestión de Sánchez Cerén y un 15.9% “desaprueba algo”, al mandatario.
La encuesta de abril de Predictvia-El Diario de Hoy también estableció que para el 32.9 % de los entrevistados el principal problema del país es “el mal gobierno” y el 23 % “la corrupción”.