Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) afirmaron ayer que no pueden ordenar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que abra auditorías de las cuentas y bienes de los funcionarios públicos ni establecer plazos para la entrega de dichas investigaciones.
Jaime Campos y Herminia Funes fueron contundentes: nunca han establecido un plazo para que la CSJ entregue las investigaciones a los bienes y cuentas de los miembros del Gabinete de Mauricio Funes (2009-2014), tal como lo ha solicitado el ciudadano Herbert Danilo Vega.
Por el contrario, afirmaron que realizarán una audiencia el próximo lunes para que ambas partes se pongan de acuerdo en el plazo de entrega de la información, ya que dichas investigaciones aún no se han realizado en su totalidad en la sección de Probidad del Órgano Judicial.
El IAIP aceptó la apelación del peticionario, quien argumentó que se había incumplido la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en vista de que la CSJ no le aseguró el plazo para la entrega de dichas auditorías a las cuentas y bienes de los exfuncionarios de la administración Funes.
Para la comisionada Funes, el IAIP no tiene la potestad para “ordenar a ninguna institución que se realicen investigaciones”. Campos, por su parte, aseguró que “tampoco debe ser ese instituto el que establezca plazos”.
Las afirmaciones de ambos comisionados surgen luego de que la Corte Plena ordenara las auditorías a 43 funcionarios del gobierno de Mauricio Funes, y el magistrado Rodolfo González dijera que estas se harán en apego a la Constitución y no porque el IAIP les marque la pauta.
“El Instituto solo ha admitido las apelaciones de los peticionarios que requirieron esa información ante la Corte Suprema. No creo que sea el Instituto de Acceso de Información Pública quien debe marcar la pauta de los tiempos en que la sección de Probidad deba tener listos estos exámenes”, aseveró Campos.
A juicio de Campos, abrir investigaciones de todos los funcionarios complica el trabajo de la sección de Probidad, por lo que se deben seleccionar los casos que reúnen los criterios definidos por la Corte para iniciar una auditoría.
“Es la sección de Probidad la que debe realizar las investigaciones cuando se cumpla los criterios que la misma Corte ha autorizado y en los tiempos que la misma sección de Probidad vaya requiriendo esta información”, señaló.
De lo contrario, dijo, vendría algún particular a pedir auditoría de todos los exfuncionarios y “desbordar” el trabajo de la sección de Probidad.
Por su parte, el comisionado Mauricio Vásquez, consideró que el Instituto apenas está conociendo el caso, por lo que no puede establecer plazos. Agregó que la Corte no ha dicho que se niega a dar la información, sino que aún no la puede entregar por ser muy extensa.
Campos, en tanto, cree que podría llegar a “resultar malicioso, de parte de algún particular, el pedir una cantidad significativa de investigaciones cuando no se tiene algún indicio de presunto enriquecimiento ilícito”.
En ese sentido, dijo que con este tipo de peticiones “pagan justos por pecadores”, pues a su modo de ver no todos los funcionarios son corruptos.
El comisionado manifestó que se debe buscar una legislación en materia de probidad que sea acorde a los tiempos y que resuelva algunas trabas como las que dan las instituciones financieras para dar información sobre fondos de exfuncionarios. “Se debe facilitar el trabajo de la sección de Probidad”, dijo Campos.
Campos también aseguró que la Ley de Probidad data de 1959, por lo que su antigüedad obliga a que se redacte y aprueba una nueva ley.
La misma sección de Probidad ha señalado en varias ocasiones que no cuenta con el personal ni con los recursos adecuados para realizar con más agilidad los análisis a los patrimonios de los exfuncionarios, mucho menos para iniciar una investigación más a profundidad de varios casos.
La oficina de información de la CSJ sostuvo que están por salir a luz los análisis a las cuentas de Nelson García, viceministro de Transporte, y de Jaime Rodríguez, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).
Taller con alcaldías
Las declaraciones brindadas por los comisionados del IAIP se dieron ayer en el marco de la capacitación denominada: Fortaleciendo la Transparencia Municipal Mediante el Acceso a la Información Pública dirigida a 56 municipalidades de la zona paracentral.
En este taller, que fue coordinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), participaron alcaldes, concejales, oficiales de información y jefes de archivo.
Lo que se busca es analizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en los diferentes municipios, ya que de acuerdo con la comisionada Funes, aún existen municipalidades que se niegan a dar información, por lo que han procedido a multarlas.