La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene abiertas ocho investigaciones contra elementos de Seguridad Pública por ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con la titular de la institución, Raquel Caballero.
Caballero, además reveló hoy en la entrevista de Canal 33, que el año pasado la PDDH recibió 1,030 denuncias contra la Policía Nacional Civil (PNC) y entre 600 y 700 en contra de la Fuerza Armada por abuso de fuerza y tortura.
Hasta el momento, solo dos casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales han sido judicializados. Uno relacionado con un supuesto grupo de exterminio en el que habría participación civiles y policías, el cual se ventila en un juzgado especializado de San Miguel.
Grupo de exterminio se atribuye asesinato de joven en Mejicanos
El otro es conocido por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, donde un grupo de cinco agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) son procesados por el homicidio del joven Dennis Alexander Hernández, ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en San José Villanueva, La Libertad.
En ese hecho, calificado por la Policía como enfrentamiento, también murieron siete supuestos pandilleros. Sin embargo, a pesar que investigación de la PDDH señaló que se trató de ejecuciones extralegales, la Fiscalía solo acusó a los agentes por el homicidio de Hernández.Sobre asesinato de mujer que entregó a bebé raptada
Caballero también se refirió al "mal funcionamiento o debilidad" del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos en relación al asesinado de Jaqueline Lisseth Ortez Aguirre, de 29 años, quien fue acribillada el sábado pasado en Ilopango, horas después que colaborara con las autoridades entregando a la bebé de dos meses que había sido raptada a su madre, Diana Lisbeth, de 21 años, asesinada junto a su hermana de siete.
Procuradora pide protección para familiares de bebé secuestrada
"Se les fue de la mano...entonces la importancia de revisar los procedimiento y valorar y revisar y construir un verdadero Sistema de Protección de Víctimas y Testigos", aseguró hoy la titular de la PDDH.Aunque en inicio Caballero señaló que la autoridad correspondiente de haber sometido a ese sistema a Ortez Aguirre debió haber sido la Fiscalía, luego dijo que era "responsabilidad colectiva".
"Yo no quisiera ponerle el dedo a una sola institución, creo que esto tiene que ver con todos, responsabilidad colectiva, porque aquí falló el sistema y si falló el sistema son todas las instituciones", sostuvo.
Corrupción facilita violación a derechos humanos en El Salvador, dice EE.UU.