La crítica que ha surgido desde el año pasado entre la oposición política y el gobierno, de que se está usando más dinero del impuesto para la seguridad en otros fines que no son el combate frontal a la delincuencia, se comprueba en los datos que autoridades de los ministerios de Seguridad y de Hacienda revelaron a los diputados esta semana.
Por ejemplo, del dinero recaudado entre 2015 y 2016, el gobierno ha usado una parte en reparación de escuelas y de caminos que competen a los ramos de Educación y Obras Públicas respectivamente, según documentos a los que tuvo acceso este periódico.
En los informes se revela que del 47.9 % que el Estado destina para programas de prevención de la violencia, de los fondos que el Estado obtuvo del impuesto a la telefonía y grandes contribuyentes desde noviembre de 2015, el 30 % no fueron ejecutados en programas que incidan de forma directa en reducir el alto índice de criminalidad.
En el cuadro de ejecución de gastos referente a los Decretos 161 y 162 aprobados por la Asamblea Legislativa el 15 de octubre y que entró en vigencia en noviembre de 2015 se detalla que Hacienda recaudó de ese tributo $60.4 millones.
Desde noviembre de 2015, todas las operadoras de telefonía iniciaron con el cobro del 5 % a todos los servicios que brindan a los salvadoreños.
En la recolección se incluye también el impuesto a aquellos contribuyentes que reportan utilidades arriba de los $500 mil al año.
La distribución de los fondos recolectados de ambos tributos se hizo de la siguiente manera: para represión del delito: $26.5 millones; para la prevención en general: $24.4 millones; y para la “prevención directa de la violencia”: $9.5 millones.
Al ver el detalle de los programas que se ejecutaron con el porcentaje de los impuestos destinado a la prevención, denotan que la mayoría son gastos que debieron ser realizados con el presupuesto ordinario proveniente de los ingresos corrientes del Estado.
Entre esas instituciones están las involucradas en proteger a la ciudadanía: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Centros Penales y Fiscalía General de la República. Además a todas estas instituciones va destinado el dinero que el gobierno logra captar de los impuestos que la población paga para frenar el asedio de las pandillas y la delincuencia común.
Al menos, esa fue la idea con la que el Ejecutivo vendió a los diputados la implementación de los dos nuevos tributos, pese a que desde 2009 que inició el primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes, la ciudadanía viene cargando con 20 nuevos impuestos y reformas tributarias.
Pero según la asignación presupuestaria que se desglosa de los recursos obtenidos vía esos impuestos entre 2015 y 2016, $24.3 millones fueron a parar a proyectos que están lejos de conseguir el fin principal por el cual se aprobaron los tributos, que es incidir en la baja de homicidios, extorsiones y el crimen organizado, entre otros delitos.
Para reparar escuelas y vías
En el cuadro de ejecución se observa que parte del dinero se ocupó para obras que son competencia de otras carteras de Estado y que se deberían financiar con sus presupuestos institucionales. Entre ellos están Educación, Agricultura y Ganadería, el Fondo de Conservación Vial (Fovial), el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).
En el documento se refleja que el gobierno destinó $3.1 millones del dinero que es para el combate del crimen a reparar 241 escuelas públicas, es decir, saldó un compromiso que debió ser cumplido con el gasto ordinario del Mined.
En 2016, esa entidad obtuvo del Presupuesto General de la Nación, $940.8 millones, ese monto implicó un aumento de $23.1 millones más en comparación con 2015, sin embargo, a febrero de 2016 el Mined reportaba que 2,144 escuelas del país tienen serios daños de infraestructura.
Incluso, pagó a una fundación $555 mil para corroborar que las aulas de la mitad de los 5,134 centros educativos del país están deterioradas.
En los fondos que fueron orientados para planes de prevención del delito, también se contempla la construcción del Megatec de Apopa, a un costo de un millón de dólares.
El Fovial figura también con una asignación de $1.5 millones para la “conformación de uniones de personas”, un concepto que a decir del ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, cuando fue abordado para que aclarara esa asignación, dijo que abriendo caminos para la conectividad también reduce la violencia.
Lo anterior se da cuando el Fovial tiene crisis financiera para darle mantenimiento y rehabilitación a la red vial prioritaria del país, una condición que el Fomilenio II impuso al gobierno para la entrega de $277 millones para el desarrollo de las zonas costeras.
Agricultura figura con una asignación de $640 mil para promover el cultivo de huertos comunitarios. En un programa sabatino de los que el presidente Salvador Sánchez Cerén realiza cada 15 días, alegó que esa una manera de como incentivar a la juventud para alejarse de las pandillas.
Del impuesto para la seguridad también se asignaron $2.1 millones para atender a las víctimas de la violencia en los hospitales públicos, pero también ocurre cuando la red hospitalaria no alcanza a suplir las demandas de pacientes con males comunes.
El gobierno además consideró dar $2.5 millones para asistir psicológicamente a estudiantes de las escuelas públicas, pero no hay detalle de qué tipo de asistencia se brindó y cuál es el perfil de quiénes fueron atendidos.
El documento también revela cómo se hizo la distribución para las áreas que sí deben ser atendidas con el impuesto pero en algunos casos les dio menos que a proyectos de otras carteras a las que no corresponde el beneficio.
Por ejemplo, para trabajo logístico y operativo de la PNC dio $2.3 millones; es decir, $800 mil menos de lo que destinó para reparar escuelas. Mientras que para la formación de los agentes en la Academia Nacional de Seguridad Pública dio $500 mil, un millón menos que el Fovial.
Mientras que a la Fiscalía dieron sólo $1 millón para el control y ejecución penal y fortalecimiento institucional, además de $1.2 millones para contratar a 100 nuevos fiscales. En 2017 la deja fuera.
Por otro lado se revela que usó $21.1 millones para el bono de policías y soldados.