Aunque hay un expresidente preso acusado de desvío de fondos públicos entre otros delitos penales, otro que es procesado por presunto enriquecimiento ilícito, y exfuncionarios que han afirmado que recibían sobresueldos de Casa Presidencial, la Corte de Cuentas de la República (CCR) no ha encontrado nada irregular en sus auditorías a la ejecución de presupuestos anuales del Ejecutivo que incluye el uso de los gastos reservados, mejor conocida como “partida secreta”.
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Lo anterior ha generado suspicacias y denuncias de algunas organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) en torno a que no existe un control del ente encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, especialmente con los millones de dólares que se destinan anualmente al rubro de gastos reservados para la Presidencia de la República.
“Se revisaron los informes de auditorías financieras y estados presupuestarios de la Presidencia de la República publicados en el Portal de Transparencia de la Corte de Cuentas de la República, para el periodo 2009-2016. Todos los informes son limpios, es decir que no incluyen hallazgos ni recomendaciones.
En ningún informe se mencionan aspectos relacionados con el examen de los gastos reservados”, lamenta Funde, que a su vez representa a Transparencia Internacional (TI), en un reciente informe sobre la discrecionalidad en el uso de los gastos reservados por parte de la Presidencia.
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El Diario de Hoy revisó los resultados de los informes finales de auditoría que realizó la Dirección de Auditoría 1 de la CCR, y solo aparecen colgados en el Portal de Transparencia de esa entidad los efectuados de junio de 2009 a diciembre de 2015; es decir, el periodo completo de Mauricio Funes y parte de la actual administración de Salvador Sánchez Cerén. Para atrás no aparecen registros.
Y en efecto, en dichas auditorías de la Corte de Cuentas se consigna que no se encontraron ni indicios de irregularidad en el uso de los fondos por parte de la Presidencia.
“Como resultado de los procedimientos aplicados, no existen condiciones que hayan llamado nuestra atención y merezcan ser reportadas en este Informe”, dicen los auditores en los informes finales (ver documentos).
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Al expresidente Antonio Saca (2004-2009) se le acusa de desviar $246 millones de fondos públicos, entre otros delitos. Actualmente está detenido. Mientras Mauricio Funes buscó asilo en Nicaragua mientras era procesado por presunto enriquecimiento ilícito al no justificar ingresos por $728 mil. El actual presidente Sánchez Cerén también es investigado por Probidad, de la Corte Suprema.
De 1994 a diciembre de 2016, los presidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, echaron mano de $956.9 millones del rubro de gastos reservados, de acuerdo a los datos colgados en el portal de Transparencia de Casa Presidencial.
“El monto es bastante grande a nuestra manera de ver y su uso demasiado discrecional y como hemos visto en el caso del expresidente Saca, que es el que conocemos, pero posiblemente hayan situaciones parecidas con otros expresidentes, es un uso bastante discrecional que puede servir para fines inadecuados y su manejo puede caer en vicios de ilegalidad”, dijo recientemente Roberto Rubio, director de Funde y de TI.
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Casos a la vista
PDC, PCN y ARENA han pedido al gobierno disminuir el monto de gastos reservados como parte del plan de austeridad, pero el secretario técnico, Roberto Lorenzana, argumentó que esos fondos son auditados por la CCR.
Recordó Rubio en esa ocasión que el procesado exfiscal general, Luis Martínez, afirmó que recibía sobresueldos de entre $10 mil a 20 mil de Casa Presidencial; mientras la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, dijo que recibió sobresueldos por parte del Ejecutivo.
“Las declaraciones de la exministra de Salud y del exfiscal (Martínez) dan base para suponer que ha existido o existe la práctica de pagar complementos salariales a funcionarios de primer nivel y que esos fondos pueden provenir de las partidas de gastos reservados”, planteó.
Reconocidos abogados advirtieron que el pago de sobresueldos puede ser constitutivo de algunos delitos penales.
Para el exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, posiblemente se esté cometiendo cohecho y soborno “para pagar la voluntad de alguien que debe ser independiente de acuerdo con la Constitución”, según dijo a El Diario de Hoy.
Para el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz, “se puede hablar de malversación de fondos por parte de quien paga”, mientras para el abogado Carlos Guzmán Segovia podría existir “otros casos de lavado de dinero que aplica a las personas que resulten involucradas”.