El exministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, se desligó de Rafael Alcides Flores, procesado por la Fiscalía General por hacerse pasar por agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), pero reconoció que durante su período como titular de Seguridad le delegó las gestiones ante el condado de Nassau, en Nueva York, Estados Unidos, para obtener equipo para la Policía Nacional Civil, según documentos de dicha instancia estadounidense.
Lara sostuvo que Alcides Flores se ofreció para canalizar la ayuda, pero que el gobierno no sabía se hacía pasar como un falso agente de la DEA, cargo con el cual habría extorsionado al alcalde de La Unión Ezequiel Milla por $15 mil, de acuerdo con la Fiscalía.
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“Él vino al país en 2014, luego de que asumiera el gobierno del FMLN. Él se ofreció a hacer las gestiones en el condado para poder traer cerca de 700 chalecos antibalas y otros insumos para la Policía. Esa es toda la relación que se tuvo con él”, aseveró Lara.
Asimismo, aseguró que el gobierno no le pagó ninguna suma para que hiciera las gestiones ante el condado de Nassau, sino que lo hizo a través de una asociación de salvadoreños en el exterior.
También reconoció que las gestiones de Flores eran necesarias para dotar de recursos a la PNC con miras que emprendiera un ataque frontal contra la delincuencia y las pandillas.
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Según los legajos de documentos oficiales del condado de Nassau, Lara envió una misiva, con fecha 22 de julio de 2015 y remitida el 7 de agosto del mismo año, al Comisionado del Departamento de Policía de esa localidad, Thomas Krumpter, donde indica que Flores, domiciliado en Nueva York, haría las gestiones para la obtención de implementos para la PNC.
“Seguro de contar con su altruismo y valiosa colaboración, quedo a la espera de una respuesta favorable a esta petición, la cual podrá ser canalizada a través del señor, Rafael Flores, quien no s apoya en diversas gestiones desde los Estados Unidos de Norte América”, escribió el entonces ministro en la misiva, con su respectiva traducción en inglés.
La donación de los 700 chalecos antibalas usados consta en uno de varios memorandos internos que cursaron en los canales oficiales del condado de Nassau, Nueva York. Dicho equipo estaba inventariado en el departamento policial de dicho condado.
Las gestiones continuaron hasta llegar al despacho del Fiscal del Condado, Carnell T. Foskey, y entre el 5 y 13 de octubre se complementó la resolución de las autoridades del condado para proceder a la donación del equipo policial.
A mediados de 2013, Flores se presentó al Castillo de la PCN_en San Salvador con la donación de 600 chalecos antibalas para dicha corporación, acto en el que se relacionó a la Fraternidad Unida Salvadoreña Americana (FUSA).
Sin embargo, dicha asociación, dirigida desde el Área Metropolitana de Washington, se desligó de las gestiones realizadas por Flores.
FUSA indicó, en un comunicado colgado en su cuenta de Facebook que tras la captura de Flores se desligaba de todo activismo o gestiones realizadas por este.
“Que le caiga el peso de la ley”
Por otra parte, Benito Lara sostuvo que si la Fiscalía demuestra que Rafael Alcides Flores es culpable de extorsión, debe ser sometido a la justicia.
“Si se le comprueba que es culpable, que le caiga todo el peso de la ley”, sostuvo Lara.
Flores fue capturado el pasado 20 de diciembre, en un operativo donde agentes encubiertos de la Policía le tendieron una trampa en la colonia San Benito, mientas la víctima le entregada $15 mil a cambio de no divulgar información íntima y comprometedora. En ese momento esta junto a Santos Edgardo Guzmán Ayala, también capturado por la Policía.
Ambos capturados le ofrecieron a la víctima que, de pagar la suma acordada, contactarían a otros supuestos colegas de la DEA locales y borrarían el expediente con la información.
El día de su detención, Flores se desmarcó de las acusaciones y aseguró que todo se trato de un mal entendido, pues la intención de él era solicitarle al alcalde de La Unión “un patrocinio para una actividad en Nueva York”.
Flores, incluso, utilizaba una placa falsa de la DEA, con la que intimidó al edil de La Unión para que le diera la suma indicada a cambio de no revelar su información.