Dos médicos reclaman a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que cumplan las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ambos profesionales recibieron el respaldo de la Corte después de haber demandado al ISSS por una destitución que, según ellos, fue de forma inadecuada e injustificada.
En las medidas cautelares ordenadas por la Corte, se establecía que debían ser restituidos de inmediato, pero ninguno ha logrado volver a laborar en la institución.
Uno de los casos es el de la médico general, Rosa Polanco, quien fue despedida de la Clínica Comunal de San Marcos el 25 de noviembre de 2014, después de 12 años de trabajo.
Polanco expresó que en la clínica le habían asignado una bodega como consultorio con condiciones tan precarias que no eran adecuadas para la atención de los pacientes, sino que acabaron por afectar su salud.
La continua exposición al polvo y moho acumulado en un espacio cerrado, donde también había cajas llenas de archivos viejos y botellas con lejía, le provocaron serios daños en el sistema respiratorio. Su condición comenzó a agravarse, e incluso le impedía cumplir el trabajo comunitario de trasladarse a las casas de la zona; y aunque los médicos del ISSS que la atendían le recomendaban reposo, finalmente fue despedida por la entidad.
Pese a que Polanco solicitó audiencias para poder defender su caso no fue atendida por las autoridades del Seguro Social y presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
El 21 de julio de 2015, la Sala admitió la demanda de Polanco contra el director del ISSS, Ricardo Cea, ante la posibilidad de que se vulneraron sus derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral.
Además, como medida cautelar, ordenó que suspendiera inmediatamente la actuación impugnada, es decir que la institución debía restituir a Polanco en su cargo o en uno que fuera de igual categoría.
El ISSS habría ofrecido a la médico una plaza en los consultorios de Emergencia del Hospital General, pero Polanco no lo aceptó en un primer momento.
“Donde el ISSS me estaba reinstalando no realizaré las mismas funciones que realizaba en el primer nivel de atención en el que fui contratada”, expresó.
De dar consultas como médico familiar en el primer nivel de atención, Polanco pasaría al tercer nivel en uno de los hospitales más especializados del Seguro Social.
La entidad argumentó a la Sala que las funciones que deberá realizar serán las mismas porque se han dividido los niveles de especialidad de los consultorios.
El 7 de junio de 2016, la Sala expresó que “no resulta procedente tener por incumplida la medida cautelar”, y Polanco aceptó ser trasladada al Hospital General.
Sin embargo, pese a que tanto ella como el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (Simetrisss) han notificado la decisión y buscan cumplir la medida, no han recibido respuesta alguna del Seguro Social.
“Se mandó una carta y se dijo que la doctora aceptaba el reinstalo y procediéramos a realizarlo, pero nada, no nos dijeron nada”, dijo la secretaria de Simetrisss, Claudia Olano, quien hasta la fecha sigue sin recibir respuesta.
Lo mismo ha ocurrido con el caso del oftalmólogo Roberto Polanco.
El 6 de mayo de 2016, Moncada presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ contra Cea por haber sido destituido del Consultorio de Especialidades del ISSS y de la Unidad Médica de Ilopango.
El oftalmólogo argumentó que el ISSS no logró precisar las razones por las que se le atribuían las faltas que llevaron a su despido.
En junio recién pasado la Corte estableció como medida cautelar que Moncada debía ser restituido en su cargo como oftalmólogo en el mismo centro, o en otro hospital de tercer nivel, y también en la unidad médica.
Moncada es parte del grupo de oftalmólogos destituidos del ISSS, en el que también están Guillermo Cerna, Kathy Cisneros y Salvador Castro.
El único que ha recuperado su cargo es el jefe de Oftalmología, Stanley Pineda, aunque el proceso fue accidentado.
La CSJ indicó que en ambos casos se debe garantizar el pago íntegro del salario y prestaciones laborales en el momento que sean restituidos.