La sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en que se declara inconstitucional la Ley de Amnistía, ha originado dentro y fuera del país lecturas distintas y ha abierto una incertidumbre de qué pasará de ahora en adelante y qué casos emblemáticos se pueden reabrir, proceso en el cual cobra relevancia la Fiscalía General de la República.
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Mientras en la Asamblea, algunos diputados consideran que la decisión de la Sala es un exceso, otros señalaban ya algunos nombres que podrían ser juzgados (ver nota aparte).
Desde Washington, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, hizo una lectura inmediata y precisa: respeta la sentencia, que esta es reflejo de que los órganos del Estado “están funcionando” y que como Ministerio Público harán lo que le corresponde legalmente para cumplir la orden emanada de la Sala Constitucional.
“Desde la Fiscalía, en relación a esta sentencia, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que nos corresponda constitucionalmente... vamos a cumplir nuestras atribuciones constitucionales”, aseguró ayer el Fiscal.
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Las declaraciones las dio el Fiscal, tras una conferencia de prensa para dar un balance sobre las reuniones que sostuvo con funcionarios de gobierno y Senado estadounidense una comitiva oficial del gobierno salvadoreño para obtener una buena porción de los $750 millones asignados por Estados Unidos para el plan Alianza para la Prosperidad, que beneficiará a El Salvador, Guatemala y Honduras.
El fiscal Meléndez aclaró que no ha leído aún la resolución de la Sala que deja sin validez la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993 y deja la puerta abierta para que se juzguen penalmente crímenes cometidos por el Ejército como por la entonces guerrilla del FMLN.
“Los hechos excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto armado, son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad. Tampoco han prescrito, y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanció, todos los hechos sucedidos desde el 1-V-1989 al 16-1-1992”, establece el fallo.
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En este caso, al Fiscal le compete según la Constitución abrir procesos penales de oficio o a petición, pero Meléndez dijo que sobre las acciones que tomará no podía adelantar porque desconoce el detalle de la sentencia porque no ha sido notificado por la Sala de lo Constitucional.
Según dijo, primero tendrán que analizar “la incidencia que nos va arrojar como institución” y que luego se harán todas las evaluaciones.
Hasta ayer, el funcionario se limitaba a dar su lectura positiva de la sentencia.
“Nosotros respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia, creo que los órganos del Estado de El Salvador están funcionando, por su lado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está emitiendo sentencia de alguna manera fuerte y directa sobre algunos temas”, afirmó.
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Destacó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría de los Derechos Humanos, están haciendo su trabajo conforme a la ley. En su caso, Meléndez destacó algunos procesos judiciales contra implicados en casos de corrupción, en la llamada tregua y el requerimiento a los diputados para desaforar al exministro de la Defensa, Atilio Benítez, acusado de tráfico ilegal de armas.
“Estamos diciendo vamos a hacer las cosas conforme a ley, esa es mi primera reacción en cuanto a la resolución: las intituciones estan funcionando y hay que respetar esa independencia y esas actuaciones”, aseguró, quien ayer fue abordado por periodistas locales e internacionales.
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