Las investigaciones fiscales y policiales apuntan a que las autoridades de Centros Penales de la época de la tregua habrían malversado 2 millones de dólares de fondos de las tiendas de los Centros Penales para beneficios de la misma, dijo el fiscal general Douglas Meléndez.
“Se llegó al extremo de dejar de pagar 2 millones de dólares de los proveedores de Centros Penales y tuvo que ser el Estado el que respondió”, dijo Meléndez, quien agregó que cuentan con “indicios que esos fondos se destinaron para promover la tregua o beneficiar a los vinculados de la misma”.
Ese dinero que fue usado para beneficios de la tregua a favor de las pandillas en detrimento de los recursos del Estado ha motivado a la Fiscalía a abrir otro expediente de investigación para establecer otros tipos de delitos relacionados a la supuesta malversación de recursos del Estado.
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El fiscal Meléndez explicó que el exinspector de Centros Penales Anilber Eduviges Rodríguez Villeda habría sido el encargado de realizar las transacciones de dinero para los beneficiarios de la tregua.
Durante su declaración ante la Fiscalía, cuyos audios fueron filtrados en las redes sociales, Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, confirmó que el dinero desviado de las tiendas institucionales fue utilizado para pagos y privilegios a familiares y cabecillas de pandillas, y hasta los mediadores de la denominada tregua pandilleril.
En las grabaciones se escucha cuando Rauda revela el detalle del dinero que se sacaba de los fondos de las tiendas como por ejemplo 2,500 dólares para el pago de los mediadores, pero que luego este monto subió a 5,000 dólares, según Rauda.
Señala que se obtenía entre 2,000 y 2,300 dólares para pagarles a cuatro personas que habían sido propuestas por Raúl Mijango para que actuaran como sus colaboradores. A estas cuatro personas les pagaba Rauda y ellas tenían que firmar en una planilla, según su declaración.
El dinero que salía de las tiendas institucionales se hacía bajo el concepto de “servicios de inteligencia”, y a nombre de dos exfuncionarios de Centros Penales, quienes después de cobrar los cheques, se lo iban a entregar a Rauda.
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Entre los detenidos hay 9 profesionales de los Consejos Criminológicos, quienes habrían emitido dictámenes falsos para facilitar el traslado de 30 cabecillas de pandillas del penal de Zacatecoluca, con régimen máximo de seguridad; hacia penales con controles menos rigurosos. Los exdirectores de lo penales de Izalco, Ciudad Barrios, y San Francisco Gotera también fueron detenidos, junto a los directores de los penales de Cojutepeque y Zacatecoluca.