Por fin, los cuatro militares detenidos por el caso Jesuitas, a petición del juez español Eloy Velasco, serán notificados oficialmente este día sobre la razón de su detención y la petición de ser extraditados a ese país.
Tras 90 días de su detención y el silencio de la Corte Suprema de Justicia, el Juez Primero de Paz los pondrá al tanto de su situación.
Los militares señalados son el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez quienes serán trasladados de las bartolinas policiales a los juzgados capitalinos, donde conocerán, formalmente la solicitud de extradición de España.
La diligencia ha sido ordenada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras resolución de hace dos semana, explicó el abogado defensor de los militares, Lisandro Quintanilla.
“Son trámites totalmente innecesarios, cosas que la Corte perfectamente pudo haber hecho. Aquí nos han hecho dar una vuelta larga por gusto, entonces se ha dilatado este tema innecesariamente”, cuestionó Quintanilla.
Los militares fueron arrestados el 5 de febrero pasado.
Entre tanto el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales y el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Andreu Oliva, presentaron este miércoles un escrito de Amicus Curiae (Amigo de la Corte) para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que en audiencia escuche de viva voz, las razones legales que pesan para que conceda la extradición de los cuatro militares bajo arresto.
Aseguran que el asesinato de los jesuitas es un crimen de guerra, de lesa humanidad y las reglas del derecho imperativo internacional obliga al Estado, si no ha juzgado a colaborar con la extradición.
“Daremos un análisis legal por la que ni la Ley de Amnistía, ni prescripción ni figuras similares excluyen de responsabilidad penal son aplicables a este caso y esperamos que la Corte pueda admitir esta opinión y además nos escuche en una audiencia y nos pueda tomar cuenta nuestros argumentos en la deliberación de la solicitud de extradición”, afirmó el procurador.
Por su parte el padre Oliva sostuvo que la Corte los debe escuchar porque es una práctica (amigos de la Corte) común en muchos países donde terceros pueden participar en estos procesos.
Tanto la Procuraduría y la UCA tienen la misión de velar por los derechos humanos para que no se violen.
“Se está dando una violación al derecho a la justicia, el derecho a la verdad y la PDDH debe cuidar de que no se vulneren”, afirmó Oliva.
Como UCA, dijo que corresponde la búsqueda de la verdad y que su comunidad debe saber todo sobre la masacre de los jesuitas.
También para pedirle que ordene a la Policía Nacional Civil las capturas del resto de involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
