El vicepresidente Óscar Ortiz consideró que a pesar de la inseguridad que vive El Salvador, hay signos que hacen pensar en un fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica. Y un rasgo destacado de ello, advirtió, es que la economía va en crecimiento y cada una de las instituciones está desarrollando su rol mejor que en años atrás.
Para Ortiz, tampoco se puede poner en duda la estabilidad del marco jurídico en el país, ya que “tenemos aquí poderes públicos más independientes, una Corte Suprema más articulada, una Fiscalía con mayor protagonismo, una Asamblea que sabe el papel que le toca y un Ejecutivo trabajando en su campo”.
Por otra parte, destacó que en El Salvador ha habido avances en materia de transparencia, desde la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), así como pasos en materia económica, donde destaca un crecimiento económico sostenido y un total de $1,000 millones recaudados en materia de inversión, una cifra “muy por encima de años anteriores”.
CICIES y Probidad
Al tiempo que Ortiz destaca una institucionalidad robusta, no considera urgente la creación de una instancia anticorrupción similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pues es de la idea que ese tipo de comisiones son para países con una institucionalidad débil.
“Esas instancias son para gobiernos frágiles, que su institucionalidad se está cayendo, donde no funcionan las elecciones, donde no funciona la alternabilidad, donde no funcionan las instituciones, donde no hay ningún tipo de confianza, pero en El Salvador es otra historia”, acotó.
Por el contrario, el vicepresidente no muestra preocupación en el hecho de que algunos casos de posible enriquecimiento ilícito estén saliendo a la luz. Más bien considera que el acceso a información patrimonial de exfuncionarios ha permitido que ahora dicha información pueda llegar a considerarse una noticia, aunque no haya indicios de corrupción o mal manejo de los fondos.
“Cuando no se tiene cultura de esto, cualquier cosa se considera una noticia, o sea que eso solo porque se sabe ya es dudoso. Creo que son tiempos que van a pasar”, aseveró.
Por el contrario, aseguró que ese tema no debe distraer al Estado y la ciudadanía de los verdaderos desafíos como país. “No nos confundamos: también eso no puede ser las ocho o diez horas de actividad de un país, tiene que ser parte de una institucionalidad de un país, pero lo que el país no puede perder es cuáles son sus grandes apuestas”, acotó.
Así también, Ortiz justificó que la pérdida de la información sobre los viajes del expresidente Funes no es un tema que deba preocupar, pues se trata de información delicada que no debe ser pública.
“Hay cosas que en cualquier parte del mundo tienen que tener cierta cautela. En algunos países los niveles de reserva de información son mucho más altos”, aseveró.
En cuanto al trabajo que realiza la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la investigación de casos de enriquecimiento ilícito, agregó que debe seguirse desarrollando pero bajo procesos definidos y apegados a la legalidad.
Sostuvo que las instituciones deben seguir haciendo su trabajo, tanto en el caso de la sección de Probidad como de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Creo que tenemos que garantizar que los procesos sean los adecuados, que los procesos también no sean segmentados. Hay que manejar profesionalmente las cosas. En la medida en que nos aseguramos que cada proceso sea debidamente respaldados por los procesos de ley, esa es la democracia que tenemos”, manifestó.
Brasil y Venezuela
Para Ortiz, existe una situación compleja en América Latina, en vista de los “nuevos equilibrios entre la izquierda y la derecha”. En ese contexto, el proceso de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es un punto en el que Ortiz mostró preocupación.
“No se gana más institucionalidad golpeando la institucionalidad. Por ejemplo, lo de Brasil es gravísimo, la principal economía latinoamericana. ¿Qué precedente se va a sentar si de repente sucediera algo que espero que no suceda y Brasil se quede sin presidenta? Sería un mensaje duro para la dinámica de crecimiento democrático de América Latina”, consideró.
Por otra parte, señala que en el caso de Venezuela existe otra realidad. No obstante, asegura que en sentido general, se debe respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
“Cada país tiene su particularidad, y lo cierto es que hay que respetar al electorado, sino no tienen sentido las elecciones. Si aquí cada vez que el electorado decide, vamos a decidir bloquear esa voluntad ciudadana solo porque a alguien se le ocurre truncar ese proceso, no existieran los procesos democráticos”, expresó.
Ese escenario, aseguró, está lejano en el país, aunque consideró que “hay grupos desarreglados” que están buscando afectar la imagen del gobierno.