Al referirse al tema de la inseguridad, el vicepresidente de la República Oscar Ortíz reconoció que hubo una reacción tardía de parte del Gobierno para ejecutar las medidas extraordinarias que se impulsan en estos momentos y así evitar que la violencia, en su mayoría causada por las pandillas, se desbordara a niveles incontrolables; sin embargo, cifra esperanzas en someter a esos grupos y desarticularlos.
También el vicepresidente consideró que a pesar de la situación de violencia que vive el país, ha habido avances en materia de seguridad jurídica, inversiones y fortalecimiento de la institucionalidad.
Aseguró que ha habido avances importantes, sobre todo por la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que a su juicio ha permitido un mayor vínculo entre la ciudadanía y el quehacer de los funcionarios públicos.
En ese sentido, cree que el país goza de buena salud en materia de institucionalidad, pues a su juicio las instituciones se han consolidado y están desarrollando mejor su rol.
En materia económica es optimista, y advierte que el país crecerá en los próximos años, pero esto a medida que haya un gran acuerdo nacional en temas fundamentales como la educación y la salud. Eso sí, descarta de tajo que haya aumento de impuestos en los próximos años, a menos que ello surja de una mesa, un consenso entre todos los sectores del país.
Ortiz reconoce que respuesta del Gobierno fue tardía
“Se pudo y se debió tomar medidas de este tipo años antes, pero no se tomaron por distintas razones”, dijo Ortíz. Agregó que “hoy hay que tomarlas, las hemos tomado, y hay que hacerlo bien, porque no podemos pasar esta oportunidad y no podemos permitirnos el fracaso en este tema, en este tema, el país tiene que tener éxito y hay que asegurarse de que estas acciones no pueden quedar a medias”.
Ortíz, quien está al frente del combate contra las pandillas y el crimen por orden del presidente Salvador Sánchez Cerén, aseguró que no van a tolerar más que las pandillas sigan amenazando e intimidando a los salvadoreños y espera que al paso de un año, que es el tiempo que se mantendrán las medidas extraordinarias, exista un El Salvador más seguro.
“Lo cierto es que no se hizo lo suficiente, y esta estructura criminal avanzó, se alimentó y elevó su capacidad y nivel de amenazas y ahora hay que desmontar todo eso”, dijo Ortíz.
En ese sentido, aseguró que habrá “cero tolerancia con el crimen”, sin apartarse de la estrategia de prevención que es uno de los pilares del plan El Salvador Seguro, y la reinserción de los pandilleros que quieran abandonar la vida delictiva.
Sin revelar cifras, Ortíz aseguró que en las primeras tres semanas de estar en vigencia el estado de emergencia en los siete penales donde pandilleros se encuentran recluidos, ya se puede notar que las extorsiones han tenido “una baja sustantiva a las empresas y negocios” y los homicidios han comenzado a reducir de forma considerable. El promedio de homicidios alcanza los 12 por día, según cifras de la Policía.
Después de la masacre de los 11 trabajadores en Opico, la muerte de la abogada y sus dos hijas en Santa Tecla, los 25 policías y soldados asesinados, más otros hechos de violencia que han conmovido a la sociedad es que el Gobierno de Sánchez Cerén se decidiera por un combate más frontal contra las pandillas.
Ortíz señaló que el aislamiento de los cabecillas de las pandillas en los siete penales más la salida de las fuerzas élites combinadas de policías y militares pretenden cortar el flujo de órdenes criminales que salen de las cárceles y además comenzar a tomar el control del sistema penitenciario.
Lo anterior se complementará con el debilitamiento que se le haría a los grupos de pandillas que siguen atemorizando en las colonias y comunidades, según Ortíz.
Otro de los propósitos de las medidas es desbaratar a las estructuras de las pandillas que se dedican a la extorsión para romperles las fuentes de financiamiento.
El vicepresidente señala que la recuperación de los territorios con alta presencia de pandillas es una de las principales metas, destaca que “el territorio nacional debe de estar bajo el amparo de la Ley, y por lo tanto, tenemos que ser firmes. Tenemos que actuar con la fuerza que se requiere, con los instrumentos que nos da la Ley”.
En ese sentido, cree necesario “enviar un mensaje claro a la estructura criminal de que no pueden someter a la familia, no pueden someter a la comunidad, no pueden someter al país, el Estado siempre será más fuerte”.
La intención de estas medidas, según Ortíz, es debilitar a las pandillas que se han tomado colonias y comunidades para intimidar, chantajear y amenazar a sus residentes. “Tenemos que golpearlos, tenemos que someterlos, y tenemos que desarticularlos, porque no puede ser de otra manera”, advirtió Ortíz.
A su juicio, la estrategia de combatir frontalmente a esos grupos ilegales no es sinónimo de mano dura, sino que es “el accionar firme del Estado” , porque la mano dura se trató de “una acción concreta específica”, mientras que el esfuerzo que hace actualmente el Gobierno “es una estrategia integrada, este es parte de un plan más grande que es El Salvador Seguro”.
Ortíz aseguró que estas medidas no serán temporales como ha ocurrido con otros planes de seguridad que se han desvanecido y no dieron los resultados esperados.
Estas disposiciones legales han sido diseñadas para aplicarlas por un espacio de 12 meses en los que se espera que la situación de seguridad mejore sustancialmente.
“La meta es haber reducido la estructura criminal, haberle quitado capacidad de actuación, haberle quitado capacidad de respuesta, haberle quitado capacidad de moverse en el territorio, haberle quitado capacidad de extorsionar estratégicamente, haberle quitado la capacidad de poder optar de manera forzada o intimidada a jóvenes a lo largo y ancho del país”, dijo Ortíz, quien sostuvo que al lograr lo anterior, se tendría como consecuencia lógica la reducción de homicidios y otros delitos graves de manera sostenible.
Comités ciudadanos para garantizar seguridad
Los comités ciudadanos de apoyo a la seguridad actuarían después que el Estado haya recuperado los territorios que se encontraban a manos de las pandillas, según el vicepresidente Oscar Ortíz.
Estos comités que estarían integrados por personas voluntarias de las comunidades recuperadas no serán armados, y sus funciones se limitarán a colaborar con la Policía y la Fuerza Armada en el sentido de denunciar situaciones delictivas y personas sospechosas que deambulen por las comunidades.
“Integrados por voluntariados comprometidos con la cruzada por la vida y que serán totalmente apolíticos y no tendrán nada que ver con el tema electoral y en coordinación con la Policía y el Ejército, sin el uso de ningún tipo de armas, una fuerza ciudadana que pueda ir reforzando esta medida junto a las representaciones comunitarias de afianzar el control del territorio”, explicó Ortíz.
También reveló que se harán reformas al régimen de baja peligrosidad en el sistema penitenciario, con la habilitación de centros temporales de detención, donde serán recluidos 10,000 reos que no representen peligro, para que puedan hacer trabajos de utilidad pública.
“Trabajando un día y ahorrándose dos días de pena, y romper con el hacinamiento. Hacer del régimen penitenciario, un régimen rehabilitador, reeducador, pero para todos aquellos que puedan optar a ese nivel”, dijo Ortíz.
Para tranquilizar a los sectores que temen de que las fuerzas combinadas puedan salirse del marco de la Ley, Ortíz dijo que se trabaja en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), en la elaboración de un mecanismo que ayude a reforzar los controles internos de la Policía y de la Fuerza Armada para evitar abusos de autoridad o que se violenten los derechos de los ciudadanos.
“Se trabaja en un conjunto de principios de actuación que nos permita evitar al máximo daños colaterales”, advirtió Ortíz, aunque sostuvo que siempre se corren riesgos, porque “no nos estamos enfrentando a gente que anda con instrumentos inofensivos”.?