Exigen 4 Mlls. de dólares a escuela de aviación por muerte de dos estudiantes

Familiares han demandado esa suma de dinero por daños y perjuicio materiales y morales a raíz del accidente que terminó con la vida de sus dos hijos. En el mismo hecho pereció el instructor

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El Juzgado de lo Civil de Soyapango realizó audiencia para definir la prueba con la que se exigirá una indemnización al propietario de la escuela de aviación por la muerte de dos de tres jóvenes.

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20 April 2016

Cuatro millones 44 mil dólares exigieron los padres al propietario de la escuela de aviación Dárdano como indemnización por la muerte de dos de sus hijos al precipitarse la avioneta en que eran instruidos el 11 de julio de 2012. 

Al final de la audiencia preparatoria a la que no asistió el acusado Carlos Dárdano, el juez de lo Civil de Soyapango, Orlando Zúniga acordó admitir la prueba que presentaron tanto los abogados acusadores como los defensores.

La siguiente fase en la que se debatiría el contenido o fondo de cada una de las evidencias para dictar sentencia quedó programada para el 20 de septiembre. 

Las víctimas mortales de aquel percance fueron identificados como José Antonio Martínez, Rodrigo Calles, y José Miguel Ávalos, éste último el instructor.

Con el dolor de la muerte de los jóvenes, las familias afectadas se resignaban a que todo se había salido de control humano y había ocurrido lo inesperado. 

El panorama cambió para los parientes cuando las investigaciones de expertos estadounidenses en aviación civil concluían que fallas mecánicas en la aeronave -que pudieron haberse previsto- fueron la causa de aquel fatal percance.

Esta se convertirá en una de las evidencias más fuertes  contra  Carlos Dárdano. 

Los investigadores encontraron que la aeronave se quedó sin combustible en pleno vuelo.

Los investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) organismos de investigación de los Estados Unidos, concluyeron que esa falla ocurrió por el mal armado de la bomba selectora de combustible, en momentos que cambiaban la tapicería del avión.

Según consta en el proceso, por modificar la alfombra de la avioneta, desarmaron la válvula selectora y al momento de volverla a instalar no lo hicieron bien, la dejaron casi en posición de off (apagada) o semi cerrada.

Pero además de esta falla, los expertos hacen énfasis en otras 12 fallas que pudieron evitarse, como no contar con los permisos para impartir clases en avionetas multimotor y que la aeronave no había pasado el vuelo de prueba antes de impartir lecciones. Además se encontró falta de registros de bitácoras de mantenimiento y el instructor  no tenía la cantidad de horas de vuelo para entrenar a estudiantes de esa categoría.

Además del informe final de Aeronáutica Civil sobre el accidente aéreo, el juez admitió la evidencia en la que el abogado acusador pretende demostrar que la escuela Dárdano falsificó una certificación de Aviación Civil para la aeronavegabilidad.

Como parte de las diligencias pendientes, el juez Zúniga ordenará un peritaje en Aviación Civil para revisar bitácoras, libros de la avioneta y permisos para confrontar  los resultados de la investigación del accidente.

Con toda esa prueba, el abogado de la familia ofendida, Carlos Morales, pidió al juez que  declare culpa gravísima  contra la escuela de aviación  y su propietario Carlos Dárdano y se le sancione con 22 mil 645 dólares  por daños y perjuicio más una indemnización de dos millones  de dólares por el daño moral y material tras la muerte de cada uno de los jóvenes.

Entre tanto el abogado de Carlos Dárdano, Oscar Mauricio  Sánchez intentó que el juez rechazara la demanda de los parientes de las víctimas aduciendo que no reunía los requisitos legales.

La petición fue rechazada por el juez y consideró que la demanda está dentro de la Ley. Sánchez cuestionó el mecanismo que la familia de los jóvenes que murieron accidentados utilizaron para fijar en sumas millonarias la indemnización.

“No hay prueba para demostrar que el daño moral y sufrimiento (por la muerte de los dos muchachos) cueste 2 millones de dólares por cada uno”, aseveró el defensor.

Consideró que el dictamen de un psiquiatra forense no era suficiente para considerar que los daños y sufrimiento por la pérdida de los jóvenes valga más de $4 millones.

El abogado rechazó que el instructor quien también murió en el accidente no estuviera habilitado para dar clases con aviones multimotor.

Lamentó que las víctimas siendo pilotos avanzados no hayan alertado del tipo de fallas que la aeronave presentaba a la torre de control.