Seguridad tiene listos los batallones especiales

El titular de Seguridad mencionó ayer que ya definieron las zonas que serán intervenidas

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Agentes élites del Grupo de Reacción Policial (GRP). La mayoría de los enfrentamientos entre policías

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19 April 2016

Los batallones especiales para contrarrestar a la delincuencia y las pandillas anunciado por el gobierno como una de las medidas extraordinarias de seguridad arrancarán este miércoles con el anuncio oficial que hará la Presidencia de la República.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, informó ayer que ya definieron con las autoridades de la Fuerza Armada y de la Policía, cuáles serán las primeras zonas que serán intervenidas con la presencia de los equipos de fuerzas especiales de ambas instituciones.

“Ya nuestras instituciones están listas, se ha desarrollado la fase preparatoria y la parte de planificación de forma que la entrada en operaciones está debidamente finalizada. Mañana con el lanzamiento que se haga ya de manera oficial por parte de las autoridades, los equipos conjuntos de las unidades especializadas de la Policía y de la Fuerza Armada están listos para iniciar operaciones en los distintos puntos que les han asignado”, afirmó Ramírez Landaverde.

 Por su parte, el Fiscal Douglas Meléndez, aclaró que los fiscales no acompañarán a los equipos especiales en sus operativos en el campo, pero sí estarán apoyando paralelamente todo el procedimiento que ellos realicen.

“Estaremos pendientes de todos los incidentes que se den como enfrentamientos, pero fiscales acompañando batallones no, creo que hay confusión, no podemos arriesgar a los fiscales, ellos son abogados, no policías ni militares”, dijo Meléndez.

Mientras tanto el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, externó su preocupación porque estos batallones no violenten los derechos humanos. “Estamos teniendo patrones de violaciones a los derechos humanos graves”, esgrimió.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pedido al gobierno de El Salvador  que respete los derechos humanos en las operaciones de seguridad en marcha para frenar la creciente violencia en su territorio. 

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado ha recurrido a medidas “represivas y populistas” para afrontar la crisis de seguridad.