Miembros de la Asociación Nacional de Juntas de Agua Potable de El Salvador consideraron “ofensivas e insuficientes” las medidas anunciadas por el Gobierno para atender la crisis del agua potable.
“Nos ofenden con esas medidas que han anunciado que tomarán. El ofrecerle a la gente que le va a llevar pipas, tanques con agua, eso lo vienen haciendo desde el año 60, no es nuevo, es jugar con la inteligencia de la gente”, afirmó Orlando Aguiluz, representante de la asociación.
Aguiluz también consideró ofensivas las declaraciones de los funcionarios que llaman a la población a adaptarse y minimizar el uso del agua.
“¿Cuál agua? En la zona rural hay casi dos millones de personas sin agua”, señaló el ciudadano.
Entre los manifestantes había habitantes de la zona rural de Tonacatepeque y de Santiago Nonualco, en La Paz. Señalaron que, entre las medidas anunciadas, hizo falta que las autoridades se comprometieran a proteger los bosques y los manantiales que quedan en el país.
“Nosotros esperábamos otras acciones. Ponerle más control a las empresas que hacen uso del agua, pero es a la gente más pobre a la que le han quitado el agua”, añadió Aguiluz.
Apuntó que la instalación de tanques en ciertas colonias no resuelve el problema e incluso aumenta el riesgo para los habitantes ya que no todos pueden ingresar a utilizarlos, debido al control de las pandillas.
“Proponer el uso de pipas es lo más ridículo que hay, con eso minimizan las protestas, pero nosotros queremos soluciones verdaderas porque el agua es para toda a vida, para las próximas generaciones”, sostuvo Aguiluz.
Jorge García, también miembro de la asociación y habitante de Santiago Nonualco, señaló que el país requiere plantas de tratamiento para poder reutilizar el agua y también leyes que garanticen que el agua que consume la población sea de calidad.
“Quisiéramos algo más de peso, que venga a garantizar el suministro a la población de lo contrario esta crisis seguirá agudizando”, expuso García.
A su ver, la deficiencia del agua persistirá y continuarán los bloqueos de calles y protestas de la población.
La asociación cuestionó que, en lugar de atender la necesidad de la población, la respuesta de las autoridades es enviar a la Policía Nacional Civil (PNC) cuando las personas se manifiestan.
“ANDA es una institución que tiene la obligación de darle agua a la gente y ¿qué es lo que hace? Demandar ante la Fiscalía porque le reclama una obligación”, cuestionó Aguiluz.
Ana María Calles, de la Vía Campesina, dijo que es importante la aprobación de la Ley del Agua .
La propuesta de ley continúa en discusión en la asamblea Legislativa.