Corrupción vulnera derechos humanos de la población

La combinación entre leyes, instituciones y participación ciudadana es fundamental para combatir el problema, dice Funde.

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Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, llamó a establecer mecanismos para que la ciudadanía incida en la lucha contra la corrupción. Foto EDH / Marcela Moreno

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29 March 2019

La corrupción, vista desde la óptica de los derechos humanos, obstaculiza a la ciudadanía acceder a servicios públicos de calidad en ramas como salud, educación y seguridad entre otros, según el informe “La apuesta salvadoreña en el combate a la corrupción” elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El informe aporta una mirada que trasciende al enfoque clásico de la corrupción.

Según el director ejecutivo de la Fundación Nacional para El Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, en el país se ha dado un avance en la formulación de normativas que han permitido fortalecer el marco jurídico en el combate contra la corrupción, como la Ley de Acceso a la Información y Ley de Extinción de Dominio.

“Pero se requiere mucho de presión ciudadana, que la gente presione, porque cuando las instituciones han sido débiles la ciudadanía es la que ha contribuido a develar casos”, detalla Rubio.

Aunque se ha avanzado, aún hay que trabajar por el fortalecimiento de las instituciones que están vinculadas con la lucha contra la corrupción, argumenta.

“La corrupción mata cuando una obra pública o una contratación pública construye mal, un edificio o un puente y cae; es decir las implicaciones no son solo económicas, sino sociales”, mencionó Rubio.

Entre las recomendaciones del estudio están introducir mecanismos que permitan la participación efectiva de la sociedad civil en espacios estratégicamente ligados al combate a la corrupción, así como promover la aprobación de una nueva Ley de Probidad que sea consonante con los demás instrumentos normativos de combate a la corrupción que ya existen, y que regule la publicidad de los informes de auditoría de acuerdo con los estándares internacionales de acceso a la información pública.

Situaciones de discrecionalidad a través de gastos reservados o procesos de nombramientos de altas autoridades son otros temas que preocupan a la población, menciona el experto chileno Claudio Nash.

“Este no es solo un problema de recursos, sino que tiene un impacto en la realidad, sobre todo en de los sectores más pobres de la sociedad”, señaló Nash.