Cómo podría haber algo “debajo de la mesa” en el acuerdo extrajudicial que firmó Marco Fortín con la empresa TECNIA cuando era presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), si todo lo acordado fue a la luz pública de la Junta de Gobierno de la autónoma y del conocimiento del Secretario Jurídico de la Presidencia, Francisco Rubén Alvarado y de la Corte de Cuentas de la República, afirmó el extitular de la Anda.
“La Junta de Gobierno mandó a pedir que la Secretaría Jurídica de la Presidencia diera opinión. El 30 de agosto de 2016 me contesta una carta el Secretario Privado de la Presidencia. Allí está la firma del licenciado Alvarado”, explicó Fortín mientras mostraba las notas que recibió, pero al preguntarle sobre su contenido contestó que “son cosas confidenciales”.
El exfuncionario relató cómo tuvo que hacerse cargo de un problema legal que venía desde hace 20 años, durante la administración en la Anda de Carlos Perla, pero cuyo expediente pasó desapercibido en la entidad durante mucho tiempo hasta que en 2016 conoció del caso.
Fortín tuvo que negociar una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia que obligaba a Anda a pagar $19 millones por una demanda interpuesta por TECNIA, pero que según Fortín logró reducir a $7.5 millones.
“Fue un problema con la empresa TECNIA que le quitaron unos contratos, le pusieron un contencioso (a la Anda) pero llega una sentencia condenatoria en 2013 por $19 millones, la cual la Junta de Gobierno que yo presidía no la conoció hasta 2016”, afirmó, aunque el falló fue por $4.9 millones.
Dice que la sentencia condenatoria pasó archivada 3 años y todo el movimiento de apelaciones y todo lo que presentaron, “nosotros no tuvimos conocimiento hasta que nos llegó una carta de Fabio Castillo, donde nos hacía ver, después de tantas cartas que nos habían enviado, que si no procedíamos a arreglar, que iba a presentar a la Fiscalía una denuncia por desacato”.
Fue allí en donde Fortín expresa que reaccionó, ya que le tocaría a él como funcionario y a la Junta de Gobierno de la autónoma asumir esa responsabilidad.
Lo primero que hizo fue informar a la Junta de Gobierno de la Anda de lo que estaba pasando. Optaron por crear una comisión especial que se encargó de la situación, la que terminó haciendo el arreglo extrajudicial que bajó de $19 millones la condena judicial a $7.5 millones.
De ese monto, Fortín asegura que antes de irse de la institución en marzo de 2018 pagó un poco más de $4 millones. El resto: $2.7 millones quedaron incluidos en el gasto anual de la Anda del año pasado.
Reclama que la actual Junta de Gobierno de la institución considere que el acuerdo fue “lesivo”, pues antes de que él lo firmara, fue del conocimiento total de los miembros del ente.
“Eso tampoco es cierto, primero se llevó a la Junta de Gobierno para su aprobación y luego que se tiene la aprobación puedo yo firmar el documento que se firmó con TECNIA”, aseguró en entrevista con El Diario de Hoy.
El monto acordado se estableció desde que la sentencia de la Sala de lo Contencioso quedó en firme en 2016. Dice que la distribución del pago quedó así: $2 millones de intereses; y $4.9 millones por las costas procesales y daños y perjuicios.