La organización Acción Ciudadana (AC) presentó ayer una serie de propuestas de reformas de ley que buscan el combate a la corrupción y en general, la reforma el sistema político salvadoreño.
Son alrededor de 20 propuestas de reforma que dicha organización presentó y que abarcan diferentes áreas de la vida política del país, pero que en conjunto pretenden “que contribuyan a la reconversión del sistema político salvadoreño de modo que responda a las demandas sociales y ayuden a prevenir la corrupción”, dice el documento denominado “Agenda mínima de reforma democrática y contra la corrupción” presentado ayer.
La iniciativa, según explicaron el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz y Eduardo Escobar, director ejecutivo, consta de reformas en las áreas de financiamiento de la política, al sistema electoral, la participación ciudadana y la modernización e independencia de las instituciones.
“Nuestra idea es que las propuestas que nosotros planteamos son propuestas que atacan el fondo de la problemática y que pretenden en verdad fortalecer las instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República que son dos instituciones claves en el combate a la corrupción que es uno de los objetivos específicos”, explicó Sáenz.
La organización plantea dotar de cierto grado de independencia presupuestaria a la Fiscalía General de la República, por medio de un incremento progresivo de su asignación presupuestaria anual.
En cuanto a la Corte de Cuentas de la República, proponen reformar la Constitución para que la elección de los magistrados de esta entidad requiera mayoría calificada.
Para Acción Ciudadana se hace necesario que en toda esta discusión se vea involucrada la ciudadanía. “Lo que queremos es que el Estado, la institucionalidad democrática responda a las demandas de los ciudadanos, satisfaga el derecho ciudadano, que sea eficiente en el manejo de la cosa pública, que al final la ciudadanía confíe en sus instituciones y que de esa forma se inicie un proceso de desarrollo nacional”, externó Escobar.
Para ello impulsan la creación de una Ley de la Función Pública, así como aprobar regulaciones sobre los conflictos de interés de los funcionarios y crear una ley de probidad, entre otras reformas.
También propone reformar la Ley de Partidos Políticos para establecer límites a las aportaciones que los particulares pueden realizar a los partidos, debido a que el límite actual posibilita a los financistas tener una incidencia mayor en el proceso de toma de decisiones políticas, y para establecer límites a los gastos de campaña electoral.
Acción Ciudadana considera clave que tanto el Ejecutivo como el Órgano Legislativo se involucren en esta discusión de reformas legales y que potencien la participación de la ciudadanía en las discusiones de la cosa pública y hasta proponen dotarla de iniciativa de ley.