Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) pidió detención para el magistrado de la Cámara de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual en menor agravada ante la Cámara 1° de lo Penal, San Salvador..
Representantes de Fiscalía presentaron la acusación contra el magistrado y aseguraron tener las pruebas suficientes para lograr la detención.
“Tenemos elementos de prueba testimonial, técnica y científica que respaldan los elementos que hoy por hoy tiene la Fiscalía para continuar con este caso” dijo la fiscal del caso, Marina de Ortega.
Fiscalía añadió que el caso tiene reserva total por tratarse de una menor de edad, por lo que no se pueden dar mayores detalles de la investigación.
En esta etapa del proceso, será la Cámara que seguirá el proceso correspondiente y determinará la fecha para la audiencia inicial.
Desafuero del magistrado
El 4 de marzo, los diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor del desafuero del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, quien ha sido acusado por la FGR de agredir sexualmente a una niña.
Al retirar el fuero, el funcionario quedó suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo.
El acuerdo para despojar de la inmunidad a Escalante Díaz lo emitió el pasado 1 de marzo la comisión de antejuicio y el 4 de marzo fue sometido a discusión del pleno en el Salón Azul.
“Se concluye en el dictamen (acuerdo) respectivo de la Comisión Especial de Antejuicio que existen elementos suficientes para que el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz sea conocido en sede judicial”, señaló la petición.
Los diputados avalaron con 82 votos desaforar al magistrado para que enfrente a la justicia por presunta agresión sexual contra una niña.
Escalante Díaz fue capturado el 19 de febrero en Soyapango, después que la madre de la menor de edad lo denunciara en la Policía por la supuesta agresión sexual. Por ser magistrado de Cámara, Escalante Díaz, tiene fuero constitucional, por lo que fue entregado a la Asamblea Legislativa, quien tras la petición de la FGR procedió al proceso de antejuicio, el cual concluyó despojándolo de su inmunidad.