Equipo Impulsor dice que la Ley de Función Pública dará estabilidad a los empleados

Los miembros de ese grupo, Sofía Flores y Gustavo Amaya, aseguran que ley promueve el buen desempeño y ascensos en el sector estatal

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Gustavo Amaya, director de CECADE y Sofía de la O Flores, de la fundación DTJ, integran el Equipo Impulsor de la reforma a la Función Pública, junto a otras organizaciones de la sociedad civil Foto EDH / Marcela Moreno

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15 March 2019

El Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública dice que la creación de una ley de ese tipo garantizará la capacitación continua y por ende, la estabilidad laboral a los empleados y funcionarios públicos, contrario a quienes se oponen y aseguran que con la normativa habrá despidos masivos y arbitrarios.

“Uno de los grandes tabú que se está manejando, que se está desinformando a la población es que se está moviendo el tema de que se aprueba una nueva ley se va a despedir a todo el mundo, que no hay estabilidad y que la gente va ir para afuera”, externó Sofía Flores, quien junto a Gustavo Amaya forman parte del Equipo Impulsor de la reforma.

Pero de inmediato, Flores asegura que “desde un inicio ya desde en el anteproyecto se especifica en el artículo 302 del anteproyecto que el personal actual estará protegido de pleno derecho y que pasará a la carrera administrativa ¿Qué quiere decir esto? Que habrá certidumbre”, aclaró.

De hecho, algunos sindicatos se oponen a que se apruebe una nueva legislación que sustituya la Ley del Servicio Civil que data de 1961.

Inclusive el miércoles anterior sindicalistas de la Asamblea Legislativa protestaron contra dicha iniciativa e impidieron por algunas horas el desarrollo de la sesión plenaria.

Sin embargo, el Equipo Impulsor sostiene que la nueva normativa respetará a las organizaciones sindicales existentes y las que están en trámite de creación, así como a los contratos colectivos ya celebrados.

“En la ley está clarísimo en el sector de los artículos 300 ahí está lo de los sindicatos, de que no hay despidos de nadie , sino que todo el personal actual pasa a formar parte de la carrera administrativa, indicó Amaya.

Otro elemento positivo que contiene el anteproyecto de ley, a criterio de los miembros del Equipo Impulsor es que los empleados serán capacitados periódicamente y que habrá evaluaciones que pueden llevar a promover a cargos más importantes a los empleados y funcionarios públicos.

“La Ley contempla los procesos de evaluación del personal de manera periódica. Aquí cuando se dice la palabra evaluación todo el mundo tiembla porque cree que lo van a despedir; la evaluación no es para despedir a las personas, es para mejorar el desempeño, identificar los vacíos del porqué no se está produciendo algo”, apuntó Amaya.

Aclararon que aquellos empleados que no se someten a los cursos de capacitación y que por ese motivo no levanten su desempeño, pues ahí pueden verse en problemas a la hora de las evaluaciones.

“Más de alguno como hay en cualquier lado se la quiere pasar de vivián, no trabaja, no se prepara. Claro, esa persona puede quedar evidenciada, pero esa no es la mayoría”, ejemplificó Amaya.

El paso a la nueva ley

Los miembros del Equipo Impulsor aseguran que ya han analizado los dos anteproyectos de Ley de la Función Pública que entraron en 2014 (presentada por GENS) y 2017 (por la Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno) a la Asamblea Legislativa, y les parece que esta última es la más completa, salvo algunos puntos en los que ellos como Equipo Impulsor han hecho propuestas para mejorarla.

Entre ellas mencionaron que se propone que la ley aplique para todos los servidores públicos estatales y no solo para el Ejecutivo, como se propone en el anteproyecto del gobierno. También proponen que se dé el derecho a las mujeres de contar con salas cuna y que se amplíe la capacidad del Consejo Consultivo y que haya máxima publicidad en las decisiones que tome el Órgano Rector de la Ley.

Otro punto en el que el Equipo Impulsor hace recomendaciones es en cuanto al periodo para entrar en vigor las directrices de la nueva normativa.

“Hay un periodo de transición donde se van ir adoptando todos los nuevos lineamientos que vienen con las reformas. En el anteproyecto se propone que ese periodo de transición, sobre todo la política salarial se lleve a cabo en 5 años; nosotros como Equipo estuvimos valorando y consideramos que es demasiado largo el tiempo. Nuestra recomendación es que se lleve a cabo en 2 años”, dijo Sofía Flores.

Ambos dijeron que es oportuno aprobar esta nueva ley con la entrada del nuevo gobierno.