Al edificio de la Asamblea Legislativa recomendaron quitarle tres pisos de la parte superior o botarlo. Ese fue el resultado del diagnóstico que dio el Comité Coordinador de Evaluación de la Reconstrucción que verificó los daños ocasionados por el terremoto de 1986 en la infraestructura gubernamental.
El sismo de 7.5 grados en la escala de Richter del 10 de octubre de 1986 dejó con bandera roja al edificio legislativo. Tres décadas después, las grietas y daños que tienen las instalaciones fueron revividas por un movimiento telúrico de 6.4 grados acaecido el 1 de febrero.
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Los ingenieros de la Asamblea hablan de reparar las fisuras que se han marcado en más del 90% de las vigas para hacer habitable y seguro el Palacio Legislativo.
Sin embargo, Eddie Roberto González Montealegre, quien trabajó como subcoordinador general del Comité de Evaluación de la Reconstrucción organizado por la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), afirma que si no le quitan tres niveles a la estructura, el suelo en donde está asentado el edificio no soportará más peso aunque sea reparado.
“Para ese edificio de la Asamblea Legislativa se les recomendó que botaran peso, que le quitaran tres niveles y que reforzaran las bases. Porque no es cosmético de llegar y reparar entre piso y piso y las grietas que hay. Eso no les va a funcionar, sino alivianarlo de peso y luego con los tres o cuatro pisos que queden parados, ver la cantidad de peso que podrá soportar por metro cuadrado, no meterle escritorios y archivos y un montón de gente porque lo harán colapsar de nuevo”, manifestó González Montealegre.
El aumento galopante de peso que ha tenido el edificio de la Asamblea se debe a las nuevas contrataciones de personal, lo que se traduce en el incremento de más carga en equipos y mobiliario, más las modificaciones de las oficinas en cambios de piso y divisiones para nuevas oficinas.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa pasó de tener 943 empleados en 2013 a 2,247 hasta diciembre de 2018, según revela el Portal de Transparencia legislativa.
Estudio de suelo
“El edificio ya está colapsado, lo que harán es remozarlo, alivianarlo de peso, pero deben tener cuidado con el peso que le van a poner, mesas, archivos, escritorios y la cantidad de gente que puede aguantar por metro cuadrado; así se evalúan todos los edificios del mundo”, recomendó González Montealegre.
Un estudio de suelo es lo que la Asamblea ha sacado a licitación pública, informó el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Handal ayer. Según dijo, una vez sepan el resultado harán el diseño del edificio legislativo.
Esto a propósito de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), informó el jueves que el crédito de $32 millones sigue intacto para construir una nueva estructura para las oficinas de los diputados y el personal administrativo.
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“Lo primero que se está haciendo es actualizar el estudio de suelos, para eso ya se empezó a hacer la licitación para ver dónde es posible hacerlo, porque eso es un relleno (lugar donde está actualmente la Asamblea) y cómo es posible hacerlo”, explicó Handal.
De hecho, el préstamo de $32 millones con el BCIE que los diputados aprobaron en 2015, fue a raíz del estudio realizado por el ingeniero Héctor David Hernández Flores, experto estructuralista, quien identificó hace cuatro años que el edificio de la Asamblea estaba “sobrecargado y que debía ser reforzado en al menos 50 puntos débiles”.
La entonces presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, dijo en su momento que el edificio tenía el doble de carga permitida y cinco veces el máximo de oscilación, por lo que debía ser evacuado, construido o reforzado.
David Reyes, diputado de ARENA, quien también era miembro de la Directiva en 2015 recuerda que el ingeniero Hernández les hizo una simulación de que el edificio tiene varios puntos de quiebre que lo harían “colapsar desde el cuarto piso”.