Expertos advierten riesgo de persecución política con Una CICIES

No debe depender del Ejecutivo, tampoco elaborarse a la medida del Gobierno de turno, ni convertirse en una herramienta de persecución política; pero sobre todo tiene que combatir la corrupción de manera equitativa señalan expertos.

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Roberto Rubio, Max Mojica, Francisco Bertrand Galindo, Giovanni Fratti y Miguel Fortín Magaña abordaron ayer el tema de los límites y consideraciones que se deben tomar en cuanta al formular una Comisión Internacional de combate a la impunidad. Foto EDH / cortesía libertadsv

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06 March 2019

Establecer los límites estrictos que eviten la invasión de una Comisión Internacional de Combates a la Impunidad (CICIES) en las instituciones locales encargadas de la investigación y la persecución del delito, es la clave para que no exista abuso de poder ni amenaza a la injerencia en la soberanía, señala el abogado y periodista guatemalteco Giovanni Fratti, durante y un conversatorio organizado por el Movimiento Libertad.

“No hay una varita mágica o un virrey que vendrá desde fuera a decirnos cómo combatir la corrupción”, dijo el guatemalteco.

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, quien también participó en el evento, señaló que una CICIES no debe convertirse en un arma de persecución político, que tampoco debe ser elaborada a la medida del Gobierno en turno y no debe depender del Ejecutivo.

“Primero porque es inconstitucional, segundo porque puede servir para control político y eso hay que evitar, creo que el país lo que menos necesita es la posibilidad de construir una policía política”, enfatizó Bertrand Galindo.Para el constitucionalista está claro que en el país se necesita un fortalecimiento de la institucionalidad para investigar y procesar judicialmente la corrupción.

“En la medida en que sea una institucionalidad que esté dispuesta a combatir a cualquier corrupto va a requerir independencia y fuerza política, así como recursos y fondos”, detalló Bertrand Galindo.

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Justifica que para este tipo de casos debe existir una comisión de carácter institucional, pero dentro de los parámetros de las instituciones de justicia locales.

En la misma línea se pronunció Roberto Rubio, director de la Fundación para el Desarrollo Social (FUNDE), quien considera que una CICIES deber ser sobretodo una instancia imparcial e independiente, para evitar que se convierta en un instrumento mediático o una herramienta de persecución política.

La constitución de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador debe nacer de la formulación de la sociedad civil y buscar el fortalecimiento de las instituciones locales especializadas en el combate del crimen y la lucha contra la corrupción como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, dijo Rubio.

Consideró que en este momento se deben fortalecer en el país las instituciones públicas, pues ve un debilitamiento de las entidades que deben controlar y combatir la corrupción. Es ahí donde jugaría un papel importante la instalación de una comisión internacional.

“Ante esa dinámica casi de retroceso (de combate a la corrupción), parte del fortalecimiento institucional debe ser contar con una instancia de apoyo internacional”, afirmó Rubio.

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¿Pero qué contenidos se le deben dar a dicha instancia? El profesional recomienda que lo importante es que la ciudadanía aporte sobre la base de la experiencia en países como Guatemala, donde desde 2006 funciona la CICIG y se volvió famosa en el área por llevar hace años al banquillo de los acusados al entonces presidente de la república Otto Pérez, y a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, procesados por dirigir una estructura de sobornos dentro de aduanas, conocido como La Línea; y el caso de Honduras, donde el año pasado inició a funcionar una instancia parecida, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras con apoyo de las Naciones Unidas.

La sociedad civil debe participar en la elaboración y el diseño de la CICIES, dar su opinión de una manera independiente y que proponga soluciones, agregó el experto.

“También debe tener un papel permanente en la evaluación de esta instancia, para que tenga algún tipo de control ciudadano para ver realmente cuál es el desempeño además del propio rendimiento de cuenta que debe hacer esta instancia”, destacó Rubio.

Rubio enfatizó que en este momento el país necesita una instancia de apoyo para el combate del crimen y la lucha contra la corrupción.

Experiencia de Guatemala

El abogado y periodista guatemalteco Giovanni Fratti recomienda que El Salvador busque mejorar la institucionalidad a través de convenios con instituciones internacionales especializadas en la persecución del delito y la corrupción como el FBI.

Mencionó que se puede aprovechar el interés de Estados Unidos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo para buscar cooperación en el fortalecimiento de entidades el Ministerio Público.

“O entrenamos y capacitamos a los fiscales, policías e investigadores o pueden venir 50 expertos de Naciones Unida a hacer turismo judicial, como por ejemplo el comisionado de Guatemala que gana $40 mil euros al mes”, detalló Fratti.

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Afirma de que a pesar de tener funcionarios dentro de la CICIG, los índices de percepción de la corrupción se mantienen en dicho país, de ahí que su recomendación para El Salvador es mejorar las instituciones locales.

Afirma que no hay una fórmula mágica que llegue a un país para el combate de la corrupción, pero sobretodo no se puede suplantar la institucionalidad nacional con una entidad extranjera.

Lo ideal es que se fortalezca el Estado de Derecho, la calidad de la investigación criminal y policial, así como la independencia de los jueces, dice.

“Ese camino arduo que se fortalezca la calidad de la institucionalidad del Estado, no tiene atajos”, apuntó.