Poco después de que Nayib Bukele resultara electo Presidente de la República, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes lo exhortó en un tuit a “rodearse de personas que sepan gobernar. Y por eso es importante la Ley de Función Pública que aún no está en El Salvador”, publicó la diplomática en su cuenta de Twitter.
La ley a la que se refiere Manes aún no ha sido discutida en la Asamblea Legislativa. Por hoy, hay dos proyectos: uno promovido por diferentes organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública; denominado “Anteproyecto de Ley del Servicio Público” y el proyecto presentado por el gobierno a través del ministro de Gobernación, Arístides Valencia, el 4 de diciembre de 2017.
Al respecto, el vicepresidente electo Félix Ulloa, manifestó que el gobierno entrante está en la etapa de consultas con los sectores productivos para fijar postura.
“Estamos escuchando a los sectores, queremos tener la mayoría de opiniones posibles, antes de fijar posición”, dijo Ulloa.
El objetivo del documento que elaboraron las organizaciones civiles es terminar con el “amiguismo”, el “clientelismo político” y el “tráfico de influencias”, prácticas que se han vuelto comunes en la administración pública y que propician la corrupción desde el nivel administrativo hasta los más altos cargos de la función pública, expresan sus promotores.
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El director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades), Javier Castro, comentó en su cuenta de Twitter que “Ante los abusos en las contrataciones de servidores públicos, ej: nepotismo, contrataciones al finalizar gobiernos, etc., se vuelve necesario y urgente aprobar Ley del Servicio Público”.
Sin embargo, dicha normativa ha tenido rechazo por parte de la clase trabajadora, que aduce que con la ley habría despidos masivos de personal que no posee un título académico y que atenta en contra de su estabilidad laboral.
Manuel Melvin Henríquez, secretario de conflictos de la Anda, explicó que la Ley del Servicio Civil, la cual se busca sustituir por ser obsoleta, en su artículo 29 los defiende de cualquier despido arbitrario.
“Nos preocupa el hecho de que el nuevo presidente de El Salvador venga a arremeter en contra de los trabajadores de las instituciones públicas”, afirmó el sindicalista.
En respuesta a ese temor, han ingresado a la Asamblea también solicitudes de reformas a la Ley del Servicio Civil, que es la normativa vigente desde 1961 y que actualmente rige la administración pública junto a la Ley de la Garantía de Audiencia de los Empleados no comprendidos en la Carrera Administrativa, creada en 1990, instrumentos que junto al Código de Trabajo, velan por la estabilidad laboral de los trabajadores públicos.
Pese al estancamiento que ha tenido el tema en la Asamblea, este cobró relevancia tras la solicitud de Manes y la posición de Bukele revelada durante la presentación de su plataforma de gobierno a la que llamó “Plan Cuscatlán”.
Allí afirmó que en su gobierno habrá personas capaces para llevar a cabo sus proyectos con transparencia y efectividad y que sino “funcionan serán cambiados”.
Para cumplir con lo anterior, informó que creará en su gobierno equipos de personas que trabajarán en las áreas de: “Bienestar Social”, “Seguridad”, “Industria, Producción y Tecnología”, “Economía, Beneficios Sociales y Finanzas”, “Migraciones y Trabajo” “Internacional”, “Fomento y Obras Públicas” y “Desarrollo Territorial”.
Es por esto que los diputados han desempolvado los anteproyectos de ley de la Función Pública que habían sido engavetados.
De hecho, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, manifestó que la Junta Directiva creará una comisión ad hoc en unas tres semanas para estudiar el tema. “Cuando se creó el programa Asocio para El Crecimiento era una de las condiciones aprobar la ley de la Función Pública”, informó.
La presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Silvia Ostorga, de ARENA, informó que han solicitado a la Comisión Política de la Asamblea que les traslade un expediente que tienen en sus manos para iniciar con el estudio de la ley.
El documento al que hace mención Ostorga, es el anteproyecto que ha propuesto el Gobierno en 2017, pero también la Asamblea tiene en sus manos otro de “Ley de Función Pública”, que inicialmente fue presentado en 2014 por la Organización Gente y Sociedad (GENS).
Debido al poco interés que tuvo en el Órgano Legislativo, en 2018 varias organizaciones de la sociedad civil se unieron para impulsar una normativa en conjunto que respondiera a las inquietudes, sobre todo de los sindicalistas, quienes empezaron a mostrar un férreo rechazo a la ley por considerar que se violarían sus derechos laborales.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); GENS, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); Acción Ciudadana (AC); el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ); la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ); la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); la Iniciativa Social para la Democracia (ISD); Proyecto Cero, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), y Tracoda, entre otros, crearon el “Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública”.
Esta instancia construyó en conjunto un anteproyecto de ley denominado: “Ley de Servicio Público”.
Algunas de las propuestas consisten en crear por parte del Ejecutivo un ente rector que ejerza el control y vigilancia de la aplicación de la ley, así como una Escuela Nacional de Formación Pública que se encargue de la capacitación permanente de los servidores públicos y así tengan facilidades a ascensos y promociones laborales de acuerdo a sus capacidades profesionales.
Además, buscan que la administración pública contrate a los servidores del Estado en concursos públicos y transparentes que valoren la capacidad y los méritos para optar a un cargo público.
Aleks Castillo, Presidente de GENS, mocionante del anteproyecto de ley y miembro de la comisión coordinadora del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, explicó que han pasado tres legislaturas sin que las propuestas hayan prosperado por el temor que existe entre los trabajadores y la apatía mostrada por algunos diputados.
“Llevamos tres legislaturas con este anteproyecto de ley, de estas dos presidencias de la Asamblea las ha tenido ARENA, pero la mayoría la ha tenido el Frente con GANA, el diputado (Mario) Tenorio se oponía que pasara la ley, que no está de acuerdo con la entidad rectora, hay discusión de quien va a manejar realmente la formación y la política de salarios”, explicó Castillo.
A juicio de la diputada Villatoro la ley que ha impulsado el Grupo Promotor está bien hecha y, a su criterio, es la que se debería aprobar en la Asamblea.