“He revisado el requerimiento fiscal y sus anexos. Con lo que conozco hasta hoy puedo decir: estoy plenamente convencida que hay suficientes elementos para que la Asamblea proceda al desafuero del Magistrado (Eduardo Jaime Escalante Díaz)”, publicó ayer en su cuenta de Twitter, la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso.
La legisladora tricolor está actuando como fiscal acusadora en la comisión especial de antejuicio de la Asamblea, que el pleno nombró esta semana para analizar si procede o no retirarle el fuero constitucional al funcionario acusado por la Fiscalía de agredir sexualmente a una niña de 10 años de edad.
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Este día, la comisión ad hoc se reunirá a las nueve de la mañana para recibir las pruebas de cargo y de descargo en contra de Escalante Díaz, para lo cual el magistrado ha nombrado como su abogada defensora a Ana Concepción Lozano.
Los miembros de la comisión especial han reiterado que el proceso será ágil, que no tardarán más de 60 días que establece el Reglamento Interno como plazo para resolver si el magistrado acusado amerita que se le quite la inmunidad que le otorga la Constitución de la República.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN, y quien preside la comisión expresó el miércoles pasado que se reunió por primera vez la comisión, de que el objetivo es lograr un consenso antes del periodo que establece la normativa interna.
Hoy la comisión abre el proceso para que tanto la diputada Valvidieso quien funge como fiscal y la apoderada del magistrado Escalante Díaz, presenten pruebas de cargo y de descargo respectivamente.
Según Valdivieso, después de revisar los anexos, lo cual ya hizo, de acuerdo a su publicación en la red social de Twitter, verificará la posibilidad de llamar a la comisión de antejuicio a la madre de la niña que fue presuntamente fue abusada por el funcionario, de acuerdo al requerimiento fiscal tras la denuncia que hizo la mamá de la menor de edad.
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La madre actuará como representante legal de la menor de edad, si fuera el caso que deba llamarla, dijo Valdivieso el miércoles. Agregó que podría convocar para que den su testimonio, los testigos que aparecen en el requerimiento de la Fiscalía y familiares de la víctima, así como otros que aparezcan mencionados en el documento fiscal.
Para cumplir con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), los diputados de la comisión ad hoc han tomado la decisión de que en el proceso de antejuicio no se publiquen los pormenores del cometimiento del delito para no revictimizar a la niña.
Para acatar esa disposición, la lectura completa del requerimiento de la Fiscalía que consta de 40 páginas no fue público, y lo mismo podría pasar este día cuando los abogados tengan que deliberar sobre las pruebas de cargo y descargo. La resolución que tome la comisión deberá ser aprobada en el pleno.